Las acciones del Gobierno en el denominado caso Huracán siguen sumando críticas. Luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco decretara el sobreseimiento de los ocho comuneros mapuche imputados en la causa, el Ministerio del Interior anunció que hará todo lo posible para que el caso no se cierre.

Por eso ayer el Ejecutivo presentó un recurso de queja en contra del tribunal por su decisión de no dar lugar a la reapertura de la investigación. Junto con eso, el Gobierno apelará en contra del sobreseimiento de los ocho procesados a quienes se les imputaba la responsabilidad en la quema de 58 camiones en la zona sur del país.

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Además de estas dos medidas, Interior informó que hará una presentación ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, "sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto". Esto último se da justo cuando la tensión entre el Ejecutivo y la Ministerio Público ha ido escalando. De hecho, la semana cuando el tribunal de Temuco manifestó su decisión, el fiscal de alta complejidad de La Araucanía, Felipe González, cuestionó el trabajo del abogado del Ejecutivo, Matías Moya, señalando que no tenía interés en la causa y que "no hizo nada" por esclarecer el caso.

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Las acciones del Gobierno recibieron de inmediato una respuesta de la oposición. Los dirigentes de Chile Vamos acusaron que los anuncios dados a conocer ayer por la cartera encabezada por Mario Fernández son sólo "una acción desesperada".

El vocero del bloque opositor y diputado de RN, Leopoldo Pérez, aseguró que el Gobierno lo que busca con estas nuevas acciones judiciales es "resarcir los graves errores que cometieron en La Araucanía". Pérez además agregó que "el Ministerio del Interior y el Gobierno, en una acción desesperada, están tratando de evitar el fracaso que tuvo en el manejo con la violencia" en esa región.

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Su opinión fue respaldada por el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, quien dijo que las medidas demuestran la "derrota" del Gobierno en este asunto y afirmó que los abogados de la cartera "no han estado a la altura".

"El Gobierno no ha sido capaz de dar con los responsables ni conseguir las condenas que se necesitan para poder restablecer el orden en La Araucanía. Esperamos que con esta apelación remedien el resultado que se obtuvo en la investigación de los atentados en la región", dijo Terrazas. El dirigente gremialista también agregó que, en caso de que todos los involucrados en este caso queden "impunes" se trataría de un "fracaso del Gobierno" en la lucha por combatir los actos de violencia que se viven en el sur del país.

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Debido a las críticas de Chile Vamos, el vocero (s) de Gobierno, Omar Jara, tuvo que salir a explicar el objetivo de las acciones judiciales del Ejecutivo. "Estamos analizando jurídicamente las acciones que vamos a acometer como Gobierno, pero el interés nuestro, de cara a la ciudadanía, es que estos hechos se esclarezcan y haya responsables", dijo Jara.

El plan de Piñera

La situación que atraviesa Carabineros y la Fiscalía ha modificado los planes de instalación del gobierno del Presidente electo, Sebastián Piñera.

A pesar de que en el equipo del futuro mandatario aseguraron que el programa de gobierno se hace cargo, casi en su totalidad, de todos los problemas que viven actualmente las instituciones a cargo de prevenir, perseguir e investigar los delitos, el tema se tomó la agenda de Piñera.

La semana pasada el asunto fue tratado en la casa del futuro Presidente en Ranco junto a los próximos ministros Cecilia Pérez, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y el futuro jefe del segundo piso, Cristián Larroulet. De esa reunión, el piñerismo habría acordado no dar grandes declaraciones acusando responsabilidades y más bien centrarse en las "propuestas de futuro" para combatir la delincuencia que propone el sector.

El asunto estaría siendo coordinado por el próximo titular de la cartera de Interior, Andrés Chadwick, en sintonía con Piñera. Los partidos de Chile Vamos han transmitido que este tema debe ser prioridad para los primeros meses de gobierno.

Piñera, que por estos días ha hablado dos veces sobre esto, no ha querido confirmar si las reformas a las policías estarán dentro de sus prioridades y sólo se ha centrado en reafirmar la serie de medidas que apuntan a modernizar Carabineros y que están estipuladas, hace meses, en su programa de gobierno.

Dichas medidas buscan mejorar la coordinación entre Carabineros, la PDI y la Fiscalía, además de modernizar la policía y reformar, profundamente, el sistema de inteligencia que actualmente existe (ver tabla).

Respecto de las responsabilidades institucionales por el supuesto montaje de pruebas de Carabineros, que ha puesto en el centro la permanencia del general director de la institución, Bruno Villalobos, el equipo de Piñera no dirá nada hasta haber asumido en el cargo. Sin embargo, en Chile Vamos comentaron que a partir de marzo se abre la posibilidad de que Piñera "ejerza su liderazgo" y haga "lo que este Gobierno no ha hecho", en relación a la posibilidad de que le pida la renuncia a Villalobos.

Sobre esto último, ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió agrupar todas las investigaciones sobre la eventual manipulación de pruebas en el marco de la "Operación Huracán" en un solo persecutor y designó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.