El mundo político no quedó indiferente frente al fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que se declaró incompetente para conocer una demanda contra una definición de servicio mínimo que zanjó la Dirección del Trabajo (DT).

A juicio del senador de la Comisión de Trabajo Hernán Larraín (UDI), la medida judicial que recayó sobre la empresa El Mercurio S.A.P. y que también podría afectar a otros actores, es sorpresiva. "Sorprende que esto ocurra, porque en general los vacíos de la ley tienen que ser subsanados por las instituciones y me parece que son los tribunales los que tienen que definir el procedimiento que exista. Los jueces no pueden dejar de conocer y tramitar las causas que son sometidas a su conocimiento y si no hay un procedimiento expreso, tendrá que aplicarse el procedimiento ordinario que corresponda. No puede quedar una reclamación de un derecho sin procedimiento porque este no está explícito, para eso están las normas generales que suplen estos eventuales vacíos", dijo.

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El legislador, quien fue uno de los que patrocinó el requerimiento contra la Reforma Laboral en el Tribunal Constitucional (TC), a partir de este caso aprovechó de hacer una crítica de fondo a la reforma. "Esta ley estaba hecha con un sentido político, más que con un sentido jurídico e iba a abrir espacios para la judicialización de las relaciones laborales. Se hizo con un ánimo de contradicción y conflicto, más que con la idea de armonizar el entendimiento de trabajadores y empresarios, ahí hay un error conceptual que lo vamos a pagar a través de los tribunales", añadió.

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Por su lado, el diputado Patricio Melero (UDI) señaló que la incompetencia de la justicia para conocer servicios mínimos "es una de las aristas de falta de certeza que dejó la Reforma Laboral en los términos en que se aprobó". En ese plano, agrega: "era de la esencia, que los servicios mínimos se pudieran determinar con claridad porque son los que dan la base de lo que hay que cautelar en caso que se declare la huelga, dejar esto en la sola determinación de la Dirección del Trabajo sin duda  pone en una situación de desequilibrio no deseable en materia de una definición importante como ésta".

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Desde la Nueva Mayoría también vieron con inquietud el caso. El diputado Tucapel Jiménez (PPD) recuerda que "siempre el sentido de la ley fue que llegaran a acuerdo sindicato y empleador y que acordaran cuáles serían los servicios mínimos y en caso de desacuerdo la Dirección del Trabajo iba a zanjar el tema". No obstante cree que "si los tribunales ahora se declaran incompetentes es porque debe existir un vacío. Aunque el tema no haya quedado en la ley los tribunales debieran tomar una postura como lo hacen en otros temas, eso es algo raro".

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La Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, vio con buenos ojos la incompetencia de la judicatura laboral en materia de servicio mínimo. "Es una señal interesante, porque de alguna manera va acotando el rango de debate o de interpretación judicial que pueda tener la nueva ley", sostiene.

La Sociedad de Instrucción Primaria y el Sindicato de Banco Ripley también fueron a la justicia por servicios mínimos.