La diputada del PC Camila Vallejo inició una nueva arremetida en el financiamiento de la educación superior. La parlamentaria solicitó al Ministerio de Hacienda la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) en el marco del debate del proyecto de reforma de la educación superior y la futura Ley de Presupuesto 2017. La ex presidenta de la FECh calificó de ineficiente este sistema, pidiendo que los US$500 millones del CAE se vayan al Fondo Solidario, a becas estudiantiles o a gratuidad. Según datos oficiales, sólo en 2015 el CAE benefició a cerca de 100 mil alumnos, totalizando 700 mil beneficiarios en diez años. Además, dentro de estos, 50 mil pertenecen a los dos quintiles más pobres de la población y 44 mil a los quintiles restantes, demostrando una distribución lógica respecto de sus receptores. Por lo mismo, llama la atención que este instrumento sea criticado si, a la luz de los datos, los beneficiarios son transversales y su uso es extensivo en todas las clases sociales. Así, avanzar en una propuesta de esa naturaleza sería perjudicial para todos los usuarios que hoy sólo pueden acceder a la educación por este mecanismo, pues podrían estar sobre la línea de ingreso que les posibilita acceder a un beneficio social como la gratuidad. Impulsar una iniciativa como la propuesta por Vallejo no sólo es profundamente regresivo, sino que también atenta contra la disposición y deseos de estudiar de miles de jóvenes del país.
