Más allá de la cuestión de la seguridad en el Centro de Justicia, el piedrazo a Andrónico Luksic la semana pasada es una nueva muestra de una peligrosa práctica en que han caído determinados movimientos sociales, los que han hecho de la calle un espacio de presión y violencia sobre cualquier cosa que huela a autoridad, una conducta que se salta el principio constitucional del derecho pacífico a manifestarse en público y que, además, esquiva las instancias legítimas de representación.

No fue sólo una agresión a todos los empresarios, como se dijo esta semana. Hoy fue un piedrazo contra Luksic, como hace unos años un jarrón de agua a una ministra, o como los maltratos a carabineros desde un tiempo a esta parte, en fin, un desorden generalizado.

Son ya muchos los casos de disrupción que se han agregado en los últimos años y que deben ser contenidos. De lo contrario, este comportamiento continuará escalando sin un rumbo tan claro.

Una responsabilidad importante es de las autoridades; no obstante, la principal es de las propias organizaciones sociales. Estas deben comprender que, si de verdad su intención es mejorar el país y aportar a la sociedad, sus demandas se deben canalizar, necesariamente, por las vías institucionales. Sólo así se trasformarán en un aporte.