Se ha generado una fuerte polémica en torno a las declaraciones de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, respecto del grupo estadounidense Laureate, todo ello enmarcado en la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo en torno al conglomerado de educación norteamericano. Pese a que el persecutor señaló que se constataron “operaciones que podrían se constitutivas de algún ilícito de carácter tributario”, fueron los dichos de la secretaria de Estado los que provocaron mayor revuelo, al señalar que “por algún lado está sacando el lucro”. Tal como se ha señalado, el conglomerado estadounidense ingresó a Chile durante el Gobierno de Ricardo Lagos, cumpliendo con la normativa que ampara las inversiones extranjeras. Es por ello que las declaraciones de la ministra Delpiano resultan un tanto riesgosas, ya que no hace sino poner en duda el marco normativo del país. Tal como lo señaló el ex ministro José Joaquín Brunner, no se ha podido comprobar que Laureate haya cometido infracciones a la normativa vigente. En ese escenario, resulta delicado que Delpiano salga a cuestionar actuaciones sin tener certezas jurídicas de que hay una transgresión al orden establecido. Lo importante es no estigmatizar, por lo cual lo justo sería tener las pruebas suficientes para afirmar que hay incumplimiento de la normativa.
