La Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó este martes las oficinas de Adexus, de propiedad del grupo económico peruano Graña y Montero, tras recibir una querella por estafa de US$16,5 millones.

El empresario local Carlos Busso acusó el pasado noviembre a los ejecutivos de dicha constructora de estafarlo y además perjudicarlo con US$50 millones en la venta de su empresa Adexus.

El ex dueño de Adexus, una sociedad que se dedica a prestar servicios de tecnologías de la información, denunció ante la justicia la utilización de maniobras engañosas por parte del holding peruano, que terminaron con "la salida de su compañía y la absorción de esta por parte de la multinacional".

Se acusa a Graña y Montero de haber "retrasado y falseado información sobre las condiciones parar acceder a un préstamo intercompañías comprometido", que sería solicitado al Banco de Crédito Peruano, cuando Adexus enfrentaba una mala situación económica.

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Según la policía, la firma aludida se habría negado a entregar de manera voluntaria los documentos requeridos, por lo que los trámites se prolongaron desde el martes por la noche hasta la madrugada del miércoles.

La Fiscalía chilena anunció que viajará a Perú con el fin de llevar a cabo más diligencias en las oficinas de Graña y Montero en Lima.

A través de un comunicado, la firma indicó que la diligencia está dentro del contexto, "de un conflicto privado y comercial que desde hace un tiempo mantiene el Sr. Busso con Adexus y sus accionistas". Además, la empresa explicó que la información solicitada fue entregada "íntegra y oportunamente, con la total colaboración de Adexus".

Asimismo, descartó que se haya tratado de un allanamiento general de la empresa, "sino que el mero cumplimiento de una instrucción particular, limitada a los correos al señor Busso".

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Dicha empresa, fue vinculada recientemente con el caso Lava Jato, que transparentó el pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht a altas autoridades para adjudicarse obras públicas en diversos países de la región. Sin embargo, la firma desmintió que la diligencia realizada por la PDI en el día de ayer, "tenga cualquier tipo de relación con el caso Lava Jato y mantiene su disposición a colaborar en el proceso en curso, brindando todas las facilidades a la justicia chilena para que lleve a cabo su investigación de manera eficaz".

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Esta acción judicial ocurre justo cuando en Perú la constructora obtuvo importante dividendos bursátiles luego que concretara la venta de uno de sus activos para fortalecer sus finanzas tras la cancelación del plan para construir un gasoducto. La acción de la compañía tranzó al alza en la Bolsa de Lima con un incremento de un 3,32% a un precio de 2,18 soles, lo cual fue uno de los factores que compensó la caída del índice referencial de la bolsa peruana.