HOY se promulga la nueva Ley de Regionalización, que es parte de los compromisos adquiridos por la Presidenta Michelle Bachelet al principio de su mandato y que busca apuntar hacia la descentralización en la administración pública.

Para lograr cambios, tanto legales como de políticas públicas, en 2015 se creó -a través de un Decreto Supremo- un comité de ministros de ciudad, vivienda y territorio.

Esta organización está compuesta por doce carteras: Interior; Secretaría General de la Presidencia; Economía; Desarrollo Social; Obras Públicas; Agricultura; Transportes; Minería; Bienes Nacionales; Medio Ambiente; Energía, y Vivienda y Urbanismo, quien coordina al grupo.

Mientras este grupo funcionaba y elaboraba lo que más tarde sería el documento final de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, el Ejecutivo incluyó en la tramitación del proyecto, la formalización de esta nueva organización y sus atribuciones.

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Además, también aprovechó esta instancia para establecer la obligatoriedad por parte de los Gobiernos Regionales (Gores) a atenerse al Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que les permitirá tener una mayor independencia en la planificación, entre otros beneficios.

Actualmente, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial se encuentra en Contraloría. Esto, tras ser firmada el miércoles por la Presidenta Bachelet. Además, ya están listas las orientaciones metodológicas que permitirán a los Gores elaborar estos planes regionales.

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"Esta política fue elaborada por medio de un proceso amplio y profundo de consulta pública. Hicimos 50 talleres regionales, se constituyó un consejo consultivo con 26 integrantes, el cual estaba conformado por representantes de sectores productivos, la sociedad civil y academia, entre otros", señala la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.

De este modo, estas iniciativas cambiarán la forma en la que se administra el territorio en Chile y el modo en que se planifican las regiones. "La Política Nacional de Ordenamiento Territorial regula todo el territorio a excepción de las áreas urbanas que están reguladas por los instrumentos de planificación territorial, mientras que la Política Nacional de Desarrollo Urbano está referida a todas las áreas que están planificadas y que son urbanas. En tanto, la Política Nacional de Desarrollo Rural busca referirse a la vida rural, con todos sus componentes", dice Saball.

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Regionalización

La formulación de políticas públicas que apunten hacia la independencia administrativa de las regiones, es fundamental para el desarrollo de estas. "Hay suficientes elementos como para poder argumentar que un Estado descentralizado tiene una mayor facilidad para llegar a los ciudadanos", asegura Juan Espadas Cejas, alcalde de Sevilla, España, quien visita Chile en el marco del Foro FIA Smart Cities.

Así, un Estado de este tipo pueden resolver problemas y atender necesidades de una manera más eficaz que uno centralizado. "Nuestro país tiene, desde que aprobamos la Constitución de 1978, un alto nivel de descentralización. Somos 17 comunidades autónomas y, además, cada uno de sus ayuntamientos tiene un nivel de competencias alto", destaca Espadas Cejas.

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Esto también conlleva algunos desafíos, pues existen materias por resolver. "Todavía existen algunas asignaturas pendientes, por ejemplo, sobre cómo está articulada el financiamiento en las administraciones. La municipal aún no tiene los recursos suficientes para atender los servicios que presta, porque no ha habido una buena administración de recursos, pero el futuro va por ahí", afirma.

Es por este motivo que es clave la capacidad de planificación. "A nivel del Estado o de la región, debe haber capacidad para ordenar y distribuir los recursos, de manera solidaria y cohesionada en el territorio. Ese modelo descentralizado, con gobiernos locales cada vez más fuertes y con mayor capacidad de respuesta hacia los ciudadanos, refuerza la democracia", explica el alcalde de Sevilla.

Un pacto social y político es clave para descentralizar las ciudades. "Los ciudadanos tienen que demandar una estructura descentralizada a sus representantes políticos, la que debe ir siempre desde abajo hacia arriba, porque de manera natural, el poder tiende a concentrarse o acumularse en pocas manos. Un país como Chile, que tiene un nivel de democracia muy alto, es perfectamente posible estructurar y organizar territorialmente el Estado para que las áreas metropolitanas tengan una mayor capacidad de recursos", sostiene Espadas Cejas.

Aún cuando se presenten mayores niveles de autonomía en las regiones, el Estado siempre mantendrá su labor cohesiva. "Siempre debe quedar el papel articulador del Estado y de solidaridad entre territorios más pobres y los que son más ricos, porque si no se apoyan a las regiones más deprimidas, probablemente, se agravarán las diferencias", manifiesta.