En plena actividad se encuentra la defensa de Julio Ponce, controlador de la cascada sobre SQM.

Si hace dos semanas presentó los descargos del ejecutivo frente a la formulación que le hizo la SVS, esta semana arremetió nuevamente contra el regulador, insistiendo en la inhabilidad del titular de la entidad, Fernando Coloma, para seguir adelante con este proceso.

Los abogados de Ponce, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, remitieron un nuevo documento a la entidad criticando los "sesgos, omisiones y afirmaciones tendenciosas e infundadas de los cargos" de la SVS en el marco del Caso Cascada, enfatizando además el presunto conflicto de interés por parte de Coloma, debido al interés que tendría el presidente Sebastián Piñera sobre estas sociedades.

Lo anterior, en parte por las declaraciones que dio el mandatario en Tolerancia Cero, cuando dejó abierta la posibilidad de ser uno de los "perjudicados" del esquema de la cascada. "El solo hecho de que el presidente de la República afirme públicamente que puede ser uno de los 'perjudicados', confirma que el superintendente no tiene una posición imparcial", sostiene la defensa.

PRESUNTAS POSICIONES DE PIÑERA

Si a fines de octubre, Labarca y Parodi pidieron que la SVS investigue las operaciones de Bancard, Axxion y Santa Cecilia, sociedades que estuvieron ligadas a Piñera, con acciones de la cascada; esta vez fueron al grano: "el presidente de la República sí tendría un interés en este procedimiento que podría haber afectado la imparcialidad del señor superintendente de la forma como lo ha sido", se afirma en el documento.

Esto, por las posiciones que, según la defensa, mantendría el mandatario. Con posterioridad a los remates de 2008, en los cuales enajenó parte importante de sus posiciones, en abril de 2009 -a través de Bancard y Santa Cecilia- habría vuelto a comprar 1.809,4 millones de acciones de Norte Grande y 1.353,9 millones de Oro Blanco.

Estas acciones, "habrían sido traspasadas en administración a Moneda Corredoras de Bolsa", una de las cuatro entidades mandatadas para administrar el fideicomiso de Piñera y que, según los abogados de Ponce, no ha movido estos papeles desde entonces, razón por la que serían restituidos a estas sociedades en marzo próximo, con el cambio de gobierno.

"El hecho de que las acciones permanecerían todavía en poder de Moneda Corredores de Bolsa no sólo se encuentra corroborado por la información proporcionada por el departamento de acciones de Oro Blanco y Norte Grande, sino además, por el hecho de que Moneda Corredores de Bolsa sigue figurando en las Memorias de las sociedades -que son públicas- dentro de los principales accionistas de las compañías, con un número de acciones similar al que le fueron transferidas para efectos de su administración en abril de 2009", afirman los abogados a la SVS.

Al respecto, la defensa de Ponce nuevamente critica las supuestas omisiones en la investigación del regulador: "¿Por qué el señor superintendente insiste en no mencionar estas compras? ¿Será, acaso, para no mencionar que parte de esas acciones corresponden a los remanentes de los aumentos de capital del año 2008, que fueron vendidos por Norte Grande durante el año 2009, y que han sido cuestionados en los cargos como parte del 'esquema'?".

"Queremos ser muy claros. No se trata de vincular al presidente de la República ni de imputarle irregularidad alguna, ni a él ni a sus sociedades (...) Sino que simplemente por no haber analizado las operaciones realizadas por dichas entidades. Dichos análisis, de haberse realizado, habrían lisa y llanamente desbaratado la teoría del 'esquema'", agregan.

COMPARACIONES CON SVS DE 2009

Labarca y Parodi, además, hicieron una comparación sobre cómo actuó la SVS en 2009 con respecto al fideicomiso de Piñera.

"Bastó que se publicara un artículo de prensa anunciando que los 'fideicomisos ciegos' se habían constituido, para que, en 24 horas, la superintendencia, oficiara a una de las sociedades relacionadas con el presidente de la República". Los abogados sostienen que entonces el regulador pidió explicaciones sobre las características de los contratos, los términos de la custodia, los derechos de las acciones, los plazos comprometidos, las etapas de análisis, entre otros.

"¿Por qué no se han aplicado ahora los mismos estándares de transparencia?", se pregunta la defensa de Ponce, criticando nuevamente al regulador.