El proyecto de ley denominado "pronto pago", que busca promover el pronto pago de los compromisos financieros contraídos con pequeñas y microempresas, estableciendo plazos, regulando su incumplimiento y fijando intereses moratorios, puede tener una intención muy loable, mas la experiencia en el "mundo real" da cuenta de que no es practicable.
El gobierno, a través de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, creó e instaló recientemente una mesa de trabajo para impulsar el "pago oportuno". Ello surge debido a que es uno de los principales problemas que aqueja a las pymes que son proveedoras, tanto del sector privado como público.
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Con todo, se trata de un proyecto que tal como está corre el riesgo de ser letra muerta, dado que la fórmula para detectar el atraso de pagos es a través de la denuncia del proveedor. ¿Estará dispuesto un proveedor pyme a denunciar a un cliente grande, cuando en la realidad escasi su único cliente?
Por otro lado, una duda al menos razonable es que si obligan a una empresa a pagar en un menor plazo, se mantendrán los precios cobrados o serán menores. Ello, porque en una economía de mercado se supone que la relación entre empresa y proveedor está en un equilibrio económico.
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Quizás se podrían pensar fórmulas para agilizar los pagos relativos a, por ejemplo, los ajustes de las facturas, pero lo cierto es que no existe claridad sobre la materia.
En lo que el Estado sí puede hacer un gran beneficio, y que no requiere más que gestión, es ponerse al día con sus compromisos. De hecho, el 86% de los reclamos de proveedores ingresados a la plataforma de compras públicas, por no pagar oportunamente, estuvo dirigido al sector salud y a los municipios, de acuerdo con datos de ChileCompra.
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