El borrador de una propuesta en Brasil que originalmente buscaba consagrar los derechos básicos para los usuarios de internet ha generado furor luego que la presidenta Dilma Rousseff agregara un requisito de que la información online respecto de los ciudadanos debía mantenerse físicamente dentro del país.
El Congreso brasileño podría aprobar incluso esta semana esta legislación conocida como Marco Civil, que fue elaborado para proteger la libertad de expresión y la privacidad en la web. Sin embargo, su mandato fue ampliado tras conocerse revelaciones de Edward Snowden, ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, de que EEUU espió extensamente a Brasil, incluyendo al personal de comunicaciones de Rousseff y su equipo.
La medida adicional exigiría a las empresas activas en Brasil duplicar su infraestructura en el exterior al construir enormes data centers en el país. La medida fue atacada inmediatamente por los medios, empresas de internet y expertos, quienes dijeron que sería tan poco práctico y tan caro de implementar, que las empresas internacionales negarían a los brasileños muchos de sus servicios para evitar el requisito del almacenamiento en el mismo país.
"Brasil va a ser el primer país en hacer algo así y hay mucho temor de que pueda llevar a una especie de "Balcanización" de la web", dice Ronaldo Lemos, abogado que ayudó a hacer un borrador previo y menos controvertido de esta propuesta.
En comentarios a los cambios del Marco Civil, Google dijo: "La enmienda propuesta que exige a las empresas de internet almacenar los datos de los usuarios brasileños en Brasil se arriesga a negar a los usuarios brasileños el acceso a importantes servicios que son entregados por Estados Unidos y otras empresas internacionales".
De manera separada, un grupo de 47 organizaciones de 18 países también hicieron lobby para que Brasil abandone la idea.
"Alejados de los servicios de cloud más innovadores y eficientes y de las potencias más fuertes de informática en todo el mundo, Brasil se arriesga a no ser capaz de desarrollar su sector tecnológico y ser poco competitivo en la economía global", destaca la carta.
En el centro de las preocupaciones del sector privado está el hecho de que la propuesta elevará los ya altos costos de hacer negocios en el país.
Un estudio de la consultora Frost & Sullivan descubrió que Brasil era el país más caro donde construir data centers, con cada uno costando un promedio de US$60,9 millones en comparación con los US$48,7 millones para México y US$43 millones para Estados Unidos. Brasil también tenía los impuestos más elevados, con la carga total promediando cerca de 22% del costo de un data center en comparación con 10% en Estados Unidos.
Lo que es peor, analistas creen que almacenar datos en el país no contribuirá casi en nada a la seguridad. Finalmente, sin importar dónde se almacenan los datos, es altamente probable que se compartan en internet a nivel global en cierto punto, abriendo la posibilidad de interceptación por parte de espías extranjeros.
Almacenar los datos en un lugar podría sólo hacerlo más vulnerable al ataque de hackers. Mientras, Brasil podría enfrentar represalias de otros países si fuerza a las empresas a establecer data centers en el país.
Pese a estas potenciales desventajas, analistas dicen que la medida es políticamente atractiva para el gobierno de Rousseff porque entrega una plataforma sobre la cual hacer frente a Estados Unidos y a algunas de sus empresas más poderosas, como Facebook, mientras da la impresión de estar protegiendo los derechos de los brasileños.
Además, la idea de forzar al sector privado para construir infraestructura de data centers en Brasil va de la mano de los instintos intervencionistas del gobierno y la preferencia por el contenido local.
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