Desconociendo en la totalidad lo fallado por el Tribunal Constitucional en enero pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, remitió a la Presidenta el oficio de promulgación del proyecto de fortalecimiento del Sernac, reincorporando la capacidad sancionatoria del servicio.
Este artículo había sido duramente criticado y rechazado por el Tribunal Constitucional, argumentando que no era procedente que un servicio actuara como juez y parte en determinadas controversias.
De hecho, el parlamentario ya había pedido a fines de enero que el TC reconsiderara su posición al respecto, lo cual fue rechazado por el organismo.
Tras esto, el ejecutivo tiene 10 días para la promulgación de la ley, atribución que si no toma la Presidenta Bachelet, deberá ser impulsada por el Presidente Electo, Sebastián Piñera.
Con todo, será Contraloría quien debería visar el decreto promulgatorio de la ley, siendo este organismo quien podría frenar el oficio de la Cámara de Diputados dado que incluye artículos eliminados por el Tribunal Constitucional.
Así, en un hecho inédito, podrían entrar en conflicto el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados y la Contraloría en el destino final de este polémico proyecto.
En nada aporta a la institucionalidad del país la porfía de la Cámara de Diputados que, por medio de su presidente, desafía lo fallado por el TC y repone uno de los aspectos más cuestionados de la ley.
Es de esperar que esto sea debidamente frenado por Contraloría y se remita a la promulgación de la ley al resultado del control preventivo establecida por la Constitución para estos fines. Cualquier actuar diferente a esto sería una abierta provocación al estado de derecho.