El pasado 7 de noviembre, la senadora Isabel Allende (PS) presentó una moción con el objeto de fijar el sentido y alcance de las normas relativas al estatuto legal que rige a la estatal Codelco, la llamada ley interpretativa que ha sido solicitada reiteradamente por la administración de Codelco para subsanar las bases que generaron el conflicto -hoy en tribunales- con Contraloría.
El proyecto de ley, de sólo dos artículos, propone que los actos y decisiones de Codelco sólo se rijan por su estatuto propio y por la norma de la sociedad anónima; eliminando las normas exigibles a la administración del Estado, salvo que en dichas normas se nombre expresamente a la minera. De esta forma, le da un espaldarazo a Codelco en desmedro de la Contraloría.
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En concreto, propone que "los actos y decisiones económicas, comerciales y mercantiles de la empresa se rigen estrictamente por las disposiciones de su estatuto, y en lo no previsto en él, por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y las propias de la legislación común, respondiendo su directorio y administración superior de acuerdo a dichas reglas, sin que se sobrepongan o se le hagan extensivas las disposiciones exigibles a los organismos de la Administración del Estado en general, como lo es la ley N° 18.575 y N° 19.886, salvo aquellas que nombren expresamente a la empresa, según lo exige el artículo 25 del mismo Decreto Ley".
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Dicha propuesta de ley acoge del todo lo solicitado de la mesa de la minera, que en medio de la disputa con Contraloría han reiterado que Codelco no se rige por las normas, por ejemplo, de compras pública; solicitud que desde el organismo que dirige Jorge Bermúdez ha criticado duramente.
Consultado el contralor en la comisión investigadora que analiza la utilización de recursos públicos de Codelco -esto tras una investigación de Contraloría que apuntaba a contratos entre partes relacionadas-, indicó que le parece "contra intuitivo" que se le intente aplicar estándares privados a empresas públicas. Al tiempo que apuntó a una baja independencia de la moción en beneficio de Codelco.
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"Veo una dificultad constitucional, hoy hay un juicio que está trabado, por lo que el demandante no se puede desistir de ese juicio; y si se dicta una ley como la que está propuesta chocaría con el artículo 66 toda vez que el Congreso se estaría abocando al conocimiento de una causa que está pendiente", y respecto al articulado de la moción indicó: "Si uno revisa el proyecto, y lo compara con el texto de la demanda, da la sensación que es un extracto de la demanda y eso a mí no me parece porque uno pensaría que hay una mayor independencia al momento de legislar".
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