MUCHOS recordarán que hace años se venía anunciando el fin de un ciclo político y el inicio de uno nuevo a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, la alternancia en el poder, después de 20 años de gobiernos de la Concertación en 2010 y la apertura de una serie de otros debates políticos que parecían anticipar que algo se estaba transformando en un país demasiado acostumbrado a la estabilidad.

Como todo cambio social que no es fruto de una revolución o un quiebre abrupto, estos procesos ocurren en espacios temporales de más largo aliento para dar cuenta de la cristalización de sus elementos en nuevas realidades políticas y sociales. En tal sentido, parece que ese momento llegó con la pasada elección parlamentaria y la primera vuelta presidencial de noviembre.

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De este modo, se trata no sólo de la consolidación de una tercera fuerza política en el parlamento, sino que de la reconfiguración del mapa político completo, cuestión que tendrá consecuencias relevantes en los debates que vienen en los próximos años. Dicho sea de paso que mucho colaboró en la consolidación de esta nueva realidad la aprobación de una serie de medidas sobre el "régimen electoral", es decir, todas aquellas normas que afectan directa o indirectamente los procesos electorales como el propio sistema electoral, el financiamiento de la política, la ley de partidos, entre otras. Estos cambios sin duda aceleraron un proceso político en ciernes.

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En este cuadro, es previsible que ocurran varias cosas relevantes en el sistema político chileno que vale la pena mirar con atención.

Primero, lo más evidente, quien quiera que gane la elección presidencial de diciembre próximo tendrá un desafío para lograr consensos y apoyos, especialmente cuando se trate de leyes que requieren quórum especiales. En tal sentido, la conformación del comité político será clave sobretodo en las carteras de interior y el ministerio Secretaría General de la Presidencia. La capacidad de avanzar en la agenda programática presidencial dependerá a partir de marzo de la capacidad de persuasión del núcleo duro del gobierno.

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Segundo, el nuevo parlamento no asegura mayorías a ningún conglomerado y es más, puede hacer más difícil de lo esperado la consecución de acuerdos para avanzar en determinadas materias que sean tanto de interés del Ejecutivo como de la oposición. Esto será un especial desafío para la Nueva Mayoría y el Frente Amplio que, compartiendo el espíritu en materia de reformas, pueden no necesariamente ser capaces de alcanzar acuerdos.

En efecto, si quien gana la segunda vuelta presidencial es Alejandro Guillier, se plantea entonces la necesidad de alcanzar algún tipo de acuerdos para no interrumpir el impulso reformador que ya instaló la Presidenta Michelle Bachelet. Esto es un equilibrio delicado, porque plantea tanto a la Nueva Mayoría como al Frente Amplio la necesidad de tener acuerdos estratégicos y tácticos sobre determinadas materias, sin que ello amenace la identidad de cada bloque, porque de lo contrario el camino es el estancamiento y la imposición de la agenda, al menos a nivel de comisiones y hemiciclo, de una derecha que hoy tiene la mayor cantidad de escaños en el parlamento.

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Si, por el contrario, quien se impone en segunda vuelta es Sebastián Piñera, ello hará aún más relevante que esta oposición fragmentada genere algún tipo de acuerdos sustantivo para mantener cierta iniciativa reformadora, porque de lo contrario, con mayoría de escaños en el parlamento, se allana la posibilidad que la derecha pueda imponer su agenda.

Con todo, vienen tiempos interesantes en ahora sí, un nuevo ciclo político. El destino que tenga esto para la gobernabilidad y prosperidad del país dependerá de la consciencia y responsabilidad que los actores políticos nuevos e instalados tengan sobre lo que está en juego.

Por cierto, lo que suceda en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial delineará un camino y será determinante para los debates políticos de los próximos cuatro años, de ahí que no dé lo mismo el destino de esta discusión en los próximos días.

* La autora es directora ejecutiva de la Fundación Chile 21