La querella criminal presentada por Moneda (en contra de Julio Ponce, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica  y Roberto Guzmán) tiene como uno de sus objetivos el que se libere información clave de la Cascada, la misma que le ha sido negada en reiteradas oportunidades a la administradora de fondos de inversión y a otros minoritarios.

La acción fue interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y está dirigida en contra de las personas mencionadas, en calidad de autores de los siguientes delitos: transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado, y uso de información privilegiada. "Todos estos delitos fueron cometidos reiteradamente en perjuicio de los accionistas minoritarios, dañando al mercado y causando un menoscabo patrimonial a las denominadas sociedades cascadas abiertas en bolsa", dice la entidad.

Y agrega: "La investigación iniciada por la SVS a raíz de las denuncias señaladas, permitió establecer la existencia de una vastísima y sistemática maquinaria criminal, que operó concertadamente y por medio de diversos artificios engañosos y fraudulentos, según un patrón de conducta preestablecido".

LAS DILIGENCIAS

La administradora de fondos pidió en su querella que oficie a la Súper de Valores para que el regulador proporcione información relevante de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios y Nitratos, entre el periodo 2006 a 2013: memorias anuales, actas de juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias, actas de sesiones de directorio de dichas sociedades, copias de hechos esenciales y comunicados, copia de las comunicaciones enviadas por el controlador y los documentos relativos al deber de informar en transacciones de acciones y valores.

Otra diligencia relevante que solicita Moneda al Cuarto Juzgado de Garantía, es que la Superintendencia de Valores entregue el listado de la totalidad de las operaciones detectadas entre partes relacionadas, incluyendo las realizadas entre las Cascada, controladores finales, querellados y sus respectivas sociedades.

Esta documentación deberá proporcionar el nombre de las partes involucradas en el negocio, su fecha, el número de acciones y determinar cuál fue la modalidad que utilizó para comprar o vender. En este último punto, la querella presentada por Moneda solicita que se detalle el financiamiento de la operación y forma de pago, además del nombre del corredor de bolsa involucrado en la operación. Esta misma documentación es solicitada a las distintas empresas que conforman las Cascada.

Pero eso no es todo. La administradora de fondos presidida por Pablo Echeverría también estima de relevancia para el caso que las distintas sociedades Cascada entreguen a la justicia detalles sobre las operaciones y préstamos entre ellas, filiales, matrices y coligadas en las cuales participan los ejecutivos querellados entre los años 2009 y 2012.

"La información deberá incluir el nombre del acreedor y del deudor, indicación de la fecha de la operación, el monto de cada préstamo, el uso dado por el deudor a los dineros recibidos, fecha de pago, saldo mensual de las deudas y cuentas por cobrar", expresa la querella criminal que pide diligenciar a la unidad policial que el Ministerio Público determine.

En la querella también se recalca que los supuestos delitos que habrían cometido los querellados, a juicio de Moneda, son transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado, y uso de información privilegiada.

"Los hecho que conforman esta orquestación criminal son de una entidad, gravedad, extensión y profundidad insospechada y fueron recién conocidos en toda su extensión por nuestra representada  con motivo de la formulación de cargos de la SVS", añade Moneda en su escrito.

De igual forma, la entidad afirma que este tipo de delitos ponen en riesgo la confianza y la competitividad del sistema, por lo cual deben ser castigados.

"Los ataques al mercado de  valores ponen en grave peligro al sistema económico en su conjunto, y también son aptos para ocasionar perjuicios incalculables al patrimonio de millones de personas", argumenta Moneda.