No hubo acuerdo. El vínculo entre Julio Ponce y su ahora ex abogado Raimundo Labarca se cortó completamente. Las partes no llegaron a un acuerdo económico para enfrentar la segunda etapa del Caso Cascada, relacionada con la seguidilla de demandas civiles presentadas contra el empresario, y la aparición de una eventual nueva arista administrativa del caso relativa a la falsificación de actas de directorios que podría formular la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Vergara, Labarca & Cía. firmó un contrato que se renovaría anualmente, sin embargo, las variables económicas y una serie de discrepancias habrían pesado para que el estudio con domicilio en avenida Andrés Bello desistiera de asumir la defensa en los casos civiles presentados contra el empresario, tales como la demanda indemnizatoria interpuesta por AFP Capital o la propia reclamación de la multa (US$70 millones), litigio que es conocido por 18º Juzgado Civil de Santiago y en el cual se espera una ardua disputa con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Según fuentes conocedoras de la relación contractual, la última propuesta de honorarios realizada por Labarca, que extendería la relación con miras a 2015 bajo un nuevo esquema de remuneraciones, fue catalogada como excesiva por Ponce, quien consideraría que las próximas batallas no serían tan complejas como las recientemente culminadas con las multas de la SVS.

Pero otro elemento que tensionó la relación fue la aparición de una nueva arista relacionada con eventuales falsificaciones de actas de directorio en las sociedades Cascada, algo que “no gustó” al interior del estudio de abogados. De hecho, el abogado a cargo de esa área, Sebastián Oddo, renunció al estudio y abrió su propia oficina hace unos meses. A la postre, este elemento fue un punto de tensión al interior de la relación, la cual culminó a fines de octubre con la renuncia de Labarca y su equipo, esto a pesar que las mismas fuentes aseguran que la relación entre ambos cerró en buenos términos.

Días más tarde, el 4 de noviembre, Labarca presentó formalmente a la justicia civil su renuncia a patrocinar la demanda contra AFP Capital. El mismo día apareció el nuevo abogado de Cascada en escena.

Cambio de mando

Tras la salida de Raimundo Labarca del Caso Cascada, el controlador de SQM buscó con premura un nuevo asesor legal, responsabilidad que recayó en el abogado Pedro Hernán Águila, quien a principios de año fundó su propio estudio con foco en resolución de conflictos.

Águila, quien además es académico de la Facultad de Derecho de la UC, también es asesor legal de CGE en una serie de litigios. Sin ir más lejos, a partir de julio de este año, el profesional presentó dos recursos por controversias en contratos de suministro eléctrico, una contra Endesa y otro contra Colbún.

La entrada formal en escena del nuevo abogado de Julio Ponce se produjo el pasado 4 de noviembre en la demanda indemnizatoria interpuesta por la administradora de fondos de pensiones controlada por el grupo Sura.

En dicha causa, el profesional impugnó las notificación de la demanda interpuesta contra Inversiones SQ y SQYA, ligadas a Julio Ponce y cuyo representante legal es Felipe Garcia-Huidobro Mac-Auliffe.

Según establece el nuevo abogado del empresario en la impugnación, la notificación de demanda realizada no se habría ceñido al Código de Procedimiento Civil (CPC), puesto que el ejecutivo de confianza de Ponce no se habría encontrado en Chile al momento que la receptora judicial fue a su domicilio, “generando un vicio procesal”. Según Águila, García-Huidobro Mac-Auliffe sólo se habría enterado formalmente del recurso después del 27 de octubre.

De ser acogida esta petición de nulidad, la demanda de AFP Capital tendría que volver a notificarse, al menos en lo referente a las sociedades aguas arriba de Ponce.