El reajuste del sector público ha sido un duro capítulo para la administración de Michelle Bachelet y, en especial, para su ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Sin embargo, es necesario precisar que la actuación del secretario de Estado en este episodio no ha implicado un cambio respecto de lo que han sido las correctas señales -explícitas e implícitas- que ha mandado a lo largo de todo el año en cuanto a cuidar las finanzas públicas. Puede que tal vez desde el punto de vista político su actuación pueda tener reparos, pero desde el punto de vista económico ha sido consecuente. El aumento de gasto considerado en el proyecto de Presupuesto fue una muestra de aquello.

Y si bien puede resultar esperable la negativa de los parlamentarios oficialistas a aprobar un incremento de 3,2% para los trabajadores públicos por considerarlo insuficiente -especialmente porque el próximo es un año electoral-, no deja de llamar la atención que la oposición se haya sumado a la votación en contra o se haya abstenido. Los parlamentarios de la centroderecha eran los que precisamente debían tener claro que un aumento mayor al ofrecido por el Gobierno como reajuste no resultaba deseable en una coyuntura económica como la actual. En ese contexto, no jugaron el rol opositor que la ocasión exigía.