Esta última negociación por el reajuste de un 3,2% para el sector público será difícil de olvidar. Primero por el hito que implicó que en una primera instancia de tramitación, el proyecto impulsado por el Gobierno no obtuviera ningún voto a favor, algo que nunca había sucedido. Segundo, por las consecuencias para el país del paro de los funcionarios públicos, lo que no sólo complicó seriamente la actividad económica, sino que el día a día de la población. Y, tercero, por la férrea posición que mantuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respecto a que no era posible mejorar el guarismo, en función de la situación fiscal del país, lo que le valió ser el centro de las críticas de los dirigentes de los trabajadores, pero también de sus correligionarios oficialistas.

Hay que destacar que desde hace bastante tiempo que el secretario de Estado viene insistiendo con la cautela en el gasto, dado el menor ritmo de crecimiento económico. Por tanto, no se puede hablar de sólo de una tozudez de Valdés en ese episodio, sino que de un extremo cuidado de los recursos para no tener en el futuro consecuencias indeseadas. Pero también es necesario resaltar el papel cumplido por la Presidenta Bachelet, al apoyar hasta el final a su ministro de Hacienda. Una muy buena señal.