Poco duró el primer intento para evitar la condena de 12 años de prisión para Luiz Inacio Lula da Silva. Ayer el Superior Tribunal Federal (STF) rechazó el habéus corpus presentado por la defensa, en respuesta a la decisión del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (TRF-4) de encarcelar al ex mandatario brasileño.

"El fundado temor de ilegal constreñimiento y la posibilidad de inmediata prisión no parecen presentes y afrontan el reconocimiento, en este examen limitado a los requerimientos de las provisiones de urgencia, de la configuración del peligro de la demora, lo que, por sí solo... es suficiente para la desestimación de la solicitud de limitación", indicó Humberto Martins, vicepresidente del STF.

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Lula fue condenado la semana pasada por corrupción y lavado de dinero en el caso del apartamento tríplex en el Guarujá, en el litoral de São Paulo. De acuerdo con la decisión de los tres jueces, la pena impuesta, de 12 años y un mes con régimen inicial cerrado, debe comenzar a cumplirse inmediatamente después de juzgados los recursos posibles ante el propio TRF-4.

Los abogados afirman que Lula está en la "inminencia de sufrir una restricción inconstitucional e ilegal", por parte del tribunal en cuestión, que desde su punto de vista ordenó la "prematura pena restrictiva de libertad" para el líder del Partido de los Trabajadores.

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En ese marco, la defensa pidió que la 5ª sala del STJ conceda al hábeas corpus y transforme la decisión de carácter de "mandato" en decisión de "mérito", lo que permitiría resguardar la libertad de Lula por el resto del proceso, incluyendo los recursos que se presente en las cortes superiores.

"La defensa solicitó al STJ la concesión de medida de mandato para luego apartar la determinación de ejecución provisional de la pena, de forma que se asegure a Lula la garantía de la presunción de la inocencia que le es asegurada por la Constitución Federal en esta etapa de la acción penal y, además, para paralizar una indebida interferencia de algunos órganos del Poder Judicial en el proceso político-electoral que se avecina ", dice una nota divulgada por los abogados del padre político de Dilma Rousseff.

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No obstante, el ministro Martins afirmó que el STJ ya adopta el entendimiento de que es posible la ejecución provisional de la pena cuando aún hay recursos pendientes y, por lo tanto, esto no viola el principio constitucional de presunción de inocencia.