Rector de la U. de Barcelona: "Los gobiernos tendrán que dar salida a este clamor por independencia"

A LA CABEZA de una institución de 567 años, el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elias i Garcia, ha tenido una vista privilegiada del conflicto entre el gobierno de España y Cataluña. Asegura que la aspiración de independencia en parte de la población de la rebelde comunidad autónoma son innegables, por lo tanto, su casa de estudios propone un diálogo entre los líderes de ambas partes tras las elecciones que se celebran el 21 de diciembre, para buscar una solución política al dilema.

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Teniendo en cuenta que en el corto plazo una República de Cataluña luce improbable, Joan Elias considera que Madrid sí puede tomar medidas que den respuesta al clamor de mayor independencia, tanto en el área de financiamiento como en el tratamiento de la lengua catalana.

¿Cómo se aterriza la apuesta por el diálogo que propone la Universidad?

-Eso fue una iniciativa del Colegio de Abogados de Barcelona. Creamos entre todos una comisión, en la que también está el Sindicato Unión General de Trabajadores, comisiones obreras, patronales de empresarios y dos universidades, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Hicimos reuniones con el presidente Carles Puigdemont, con la generalitat, y tuvimos contactos con el gobierno de Madrid, con el señor Mariano Rajoy, intentando plantear un diálogo antes de los hechos más recientes.

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Hubo más propuestas en esa línea, por ejemplo las del Arzobispo de Barcelona o del presidente del País Vasco. Pero al final ha sido imposible y los hechos han sido un poco dramáticos. Pensamos que a partir del 21 de diciembre, tras las elecciones, se han de sentar los gobiernos y hablar. Este es un problema político y se ha de resolver políticamente, no es un problema que se haya de solucionar en los tribunales de justicia. Es un problema que al final en toda su magnitud se tendrá que resolver políticamente, dialogando. Todas las partes implicadas ganarán y perderán un poco.

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¿Puede progresar el diálogo si la demanda es independencia?

-No lo sé. Una gran proporción de la población quiere independencia, eso es un hecho real, eso dicen las encuestas. Pero habrá que respetar esa posición como la de quienes no quieren la independencia. Si los gobiernos se sientan en la mesa, discuten y negocian una solución política, tendremos que ver qué opina la gente. A lo mejor, muchas de la demandas que se hacen del bloque independentista se podrían solucionar. En la configuración actual de Europa y del gobierno español veo muy difícil una independencia a corto plazo. A largo plazo, yo qué sé, es difícil saberlo. Europa ha sido clara y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho que ni soñarlo. Pero esa no puede ser la última palabra, los gobiernos se han de sentar y dar salida a este clamor por independencia con medidas de autogobierno razonables.

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¿Cuáles serían esas medidas razonables?

-Podría pasar por una reforma de la Constitución y algunos plantean el modelo de EEUU, con un anexo a la Constitución española. Así no se trataría de cambiar toda la Carta Magna, sino con enmiendas como en Estados Unidos. Esta había sido la propuesta del Partido Popular hace años. Uno de los temas principales es repensar el modelo de financiamiento de las diferentes comunidades autónomas de España. Otro tema importante es la reforma del senado español, que no tiene en cuenta la distribución política de las comunidades de España. También es importante el blindaje de la lengua catalana. Hay varios puntos que podrían formar parte de una reforma constitucional o, de manera más sencilla, enmiendas a la constitución. Cambiar el modelo de financiamiento y blindar la lengua catalana serían dos puntos de partida interesante para discutir.

En ese marco, ¿qué obstáculos representa para el diálogo los procesos judiciales contra los actuales miembros de la generalitat?

-No voy a entrar a valorar lo que dicen los jueces, porque eso es muy complicado, porque desconozco las leyes. Pero en cualquier proceso es difícil empezar la negociación cuando los líderes de una de las partes están en prisión. Un primer paso tendría que ser la liberación de los líderes políticos que están en la cárcel, con lo cual permitirían calmar un poco lo ánimos. No resolvería el problema, pero es un primer paso que creo que se va a dar, de aquí a algunas semanas. Eso es necesario para que tengamos una campaña electoral y unas elecciones lo más normales posibles, para después comenzar un proceso de negociación sereno y calmado. Es un problema planteado es político y, por tanto, la solución definitiva vendrá de una negociación política, no de una judicialización del tema.

¿Cuál es su pronóstico para las elecciones?

-No sé qué pase a fines de diciembre. Es muy difícil aventurar que puede pasar, porque ha habido algunas fusiones y rompimientos de coaliciones electorales, además ha habido propuestas novedosas. Me veo incapaz de hacer una previsión. De hecho, las encuestas van variando día a día. El mapa político está muy enrarecido, con lo cual es muy difícil saber lo que puede pasar. Los dos bloques variarán, el independentista y el no independentista, pero no creo que demasiado.

De todas maneras, ¿una solución al conflicto luce más factible hoy que en octubre?

-El 1 de octubre fue un día de una violencia que a todos nos pareció innecesaria. Fue un error y espero que no se vuelva a repetir. Fue una situación bastante crítica y en efecto ahora está más calmada. O, mejor dicho, hay una tensa calma porque hay unos cuantos miembros del gobierno que están en presión.

¿Qué análisis hace del éxodo de empresas y el bloqueo económico?

-Se han marchado bastantes empresas. Algunas han cambiado su sede social y otras, unas mil, el domicilio fiscal, que es lo más grave porque significa que pagan los impuestos fuera de Cataluña y significa menos ingresos. Por otra parte, más que un bloqueo fue un control por parte del Ministerio de Hacienda de Madrid que tuvo lugar hacia mediados de octubre, antes de la aplicación del Artículo 155. Esto aumentó la burocracia, en la administración pública y también en las universidades. Somos una entidad pública, pero podemos manejarnos con una cierta autonomía y hemos podido resolver bastante bien el problema. Otras administraciones públicas están bloqueadas absolutamente o están obligados a pedir tantos permisos que los procesos son más lentos.

En ese marco, ¿qué tan fuerte ha sido el impacto económico?

-Un principio básico de la economía es que el dinero es muy asustadizo, requiere de confianza, así como las inversiones. Por lo tanto, cuando hay una situación complicada, de riesgo, el dinero huye. Por lo tanto, es probable que haya un efecto, pero de ahí a ponerle cifras, es algo que aún desconocemos.