Si hay un hilo conductor en las diversas entrevistas y opiniones publicadas en PULSO en su edición de aniversario de esta semana, ha sido la relevancia del crecimiento económico. Empresarios, altos ejecutivos y economistas subrayan que la expansión sostenida y consistente del producto es lo único que, en definitiva, garantiza la reducción de la pobreza y sienta las bases para reducir la desigualdad. Ello, sin perjuicio de que luego del crecimiento se haga una eficiente e inteligente distribución de los recursos, para que con una buena política pública se logren disminuir las brechas y se superen los desafíos que aún existen en la sociedad chilena.
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El impacto de las reformas de este Gobierno y del escenario externo -puede discutirse la proporción de la influencia de uno u otro elemento, mas no la imbricación- han determinado que el país haya rozado el piso en la curva de crecimiento de las últimas décadas. La posición de la propia Presidenta Michelle Bachelet, quien ha relativizado el principio del crecimiento, subordinándolo a su articulación o interdependencia con otros factores, es indicativa de que esta administración no puso el crecimiento dentro de sus prioridades y que ello ha implicado una ralentización de la lucha contra la vulnerabilidad social. Es de esperar que el Gobierno que viene recupere el valor de crecer.
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Y para lograr lo anterior, es necesario que la agenda de modernización del aparataje público sea una prioridad, sea cual sea el nuevo Gobierno. Se requiere de una agenda modernizadora que busque la mayor eficiencia de los servicios clave, tanto para la calidad de vida de las personas como también para la seguridad y estabilidad de las inversiones del sector privado.