El cambio estructural más importante al Tribunal Constitucional (TC) desde su creación en 1970 es lo que propone un proyecto de ley de reforma constitucional presentado antes del receso legislativo por un grupo de senadores del Partido Socialista (PS).
La moción que cuenta con las firmas de Isabel Allende, Alfonso de Urresti y Juan Pablo Letelier va más allá del cambio a la Constitución del año 2005, que amplió de 7 a 10 la integración del TC, sacó a las Fuerzas Armadas de la designación de sus ministros y concentró sólo en esa judicatura los recursos de inaplicabilidad de las leyes. También es más contundente que otra reforma constitucional, que en este ámbito sólo plantea restringir la revisión de leyes orgánicas a lo que determine el Congreso.
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Ahora los representantes del PS hicieron una apuesta más ambiciosa: eliminar la facultad de control preventivo de los proyectos de ley que hoy ejerce el Tribunal, tanto de oficio como a petición de parte, y por primera vez hacer procedente la acusación constitucional en contra de sus magistrados por infringir la Constitución.
La propuesta legislativa de los parlamentarios se planteó sobre la base de un crítico diagnóstico respecto de las últimas actuaciones del organismo: "En los últimos años las atribuciones del Tribunal Constitucional, y la particular forma en que éste las ha interpretado y ejercido, han causado una profunda preocupación y malestar en la ciudadanía. Ésta ha visto amenazados algunos de sus derechos más vitales por la práctica sistemática de la minoría parlamentaria de recurrir a la sede constitucional cuando su opinión no prevalece en el Congreso Nacional, pero también por el ejercicio de sus atribuciones de oficio".
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En su crítica al rol de "colegislador" del TC, los senadores mencionan en su proyecto de ley los casos de la Reforma Laboral, la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y la creación de un Sernac 2.0.
Respecto del proyecto laboral del Gobierno, el TC a partir de un requerimiento de Chile Vamos declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación, desatando duras criticas de la Nueva Mayoría y del mundo sindical.
En cuanto a la iniciativa de aborto, la magistratura resolvió suprimir del párrafo del artículo 119 ter el concepto "en ningún caso", que significó ampliar la objeción de conciencia desde el plano individual al institucional. A juicio de la Cámara de Diputados, ello cambió el sentido de lo aprobado por el Congreso, generando una nueva norma, lo cual sobrepasaría su rol de legislador "negativo".
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Recientemente, en el caso del Sernac a través de un control de constitucionalidad obligatorio (rutinario) modificó su jurisprudencia histórica respecto de la revisión de leyes orgánicas constitucionales y declaró al margen de la carta magna las nuevas facultades de sanción y normativa que había aprobado el Parlamento. Esto fortaleció las críticas parlamentarias.
"Este estado de cosas pone en riesgo nuestra democracia, ya que el Tribunal tiene atribuciones que vulneran las funciones del poder legislativo, que tiene como principal objeto la creación de leyes", advierte en ese sentido el texto de la reforma constitucional del PS.
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El texto legislativo propone derogar los numerales 1 y 3 del inciso primero del artículo 93 y los incisos segundo y cuarto del mismo artículo, que regulan las competencias del TC en materia de control de proyectos de ley.
Además se propone reducir de nueve a cinco años el período de duración de los ministros titulares en el TC.
Los nuevos magistrados que deberá nombrar Piñera
Dos son las nominaciones directas que deberá realizar el próximo Presidente de la República Sebastián Piñera para renovar la integración del Tribunal Constitucional (TC).
El primer nombramiento que no requiere control del Senado será el de Carlos Carmona, cercano a la DC, quien el 9 de abril de este año expira su mandato como integrante del Tribunal. Carmona ejerció como titular del organismo hasta agosto de 2017, siendo relevado por Iván Aróstica. Sin éxito el PS ha tratado de ligar el nombre del reemplazo de Carmona al cupo hoy vacante de la centroderecha en el Banco Central.
En marzo de 2022 Piñera también tendría que reemplazar a María Luisa Brahm. En la primera administración del hoy presidente electo, Brahm fue la jefa de su equipo de asesores, hasta 2013 cuando fue nominada por el mandatario para ministra en el TC. Aunque aún no está claro, Piñera antes de dejar La Moneda también podría dejar avanzado el nombramiento del relevo de Iván Aróstica, quien el 16 de marzo de 2022 cesa en el cargo.
