El anuncio de la autoridad de aplicar restricción a vehículos catalíticos anteriores a 2012 ha recibido más críticas que apoyos, lo que tiene bastante sentido, ya que la medida -de entrada- no era recomendada por la comisión pro movilidad urbana convocada por el propio Gobierno y, además, es dudoso que cumpla con su objetivo. La meta del Ejecutivo de empujar a la población al sistema de transporte público no es viable mientras las personas no sientan que este opera bien, cuestión que hoy no es así, y de seguro sólo influirá en estimular la compra de otro vehículo, lo que hará estéril la medida. Cabe precisar además que prácticamente todos los estudios indican que no son los vehículos particulares las mayores fuentes de contaminación.

Asimismo, surgen dudas respecto de por qué se fijó un año en particular (2012) y no un período móvil (cuatro años de antigüedad, por ejemplo). ¿En 2020 también serán los vehículos de 2012 hacia atrás? Adicionalmente, esta medida es expropiatoria, ya que afecta a las personas menos acomodadas. ¿Se reducirá, acaso, el cobro del permiso de circulación para los vehículos que estarán fuera de las calles por más tiempo? En esta materia, lamentablemente el Gobierno adopta una actitud que ignora el análisis técnico, lo que ha sido demostrado que no es algo positivo.