Fue en enero cuando la Superintendencia de Bancos (SBIF) puso en consulta la nueva norma de provisiones, momento en que el regulador estimó en US$275 millones el costo para que la banca constituya las provisiones adicionales.

Dos meses después, la SBIF hizo una presentación a los miembros del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), donde aseguró que esta cifra podría ser mucho menor: se reduciría a US$100 millones en caso de que los bancos usen provisiones voluntarias acumuladas, según advierte el acta de marzo del CEF. Lo anterior, considerando que los bancos hacen provisiones voluntarias para tener un colchón adicional por precaución, las que podrían ser transferidas para este requerimiento.

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La presentación del regulador en la instancia ocurre luego que, justamente en marzo, se diera a conocer que la industria estima que la nueva norma de provisiones podría costar casi el doble de lo que proyecta la SBIF, es decir, unos US$500 millones.

La norma

Entre otros aspectos, el texto establece cuatro métodos estándar para computar las provisiones de las colocaciones comerciales de las carteras grupales de los bancos: leasing comercial, factoring, crédito estudiantil y colocaciones comerciales genéricas. En esta última se encuentran básicamente empresas medianas y pequeñas.

Y son dos de esos métodos en particular los que harían que el cálculo de la banca sea mayor que el de la SBIF. En primer lugar, la nueva norma establece que las provisiones que debe tener la banca para los Crédito con Aval del Estado (CAE) deben ser de 50%, lo que sería no reconocer la garantía del Estado -dicen en la industria-, pues la Tesorería avala el 90% del crédito en caso de impago de estos préstamos. Así, en la práctica la banca pierde como máximo el 10% del monto prestado, y no la mitad del CAE como asume la nueva norma de provisiones.

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De hecho, tras la junta de accionistas de Scotiabank, el 28 de marzo, el gerente general de la entidad, Francisco Sardón, manifestó su preocupación por la propuesta del 50% de provisiones sobre el CAE. Es más, dijo que en caso de aprobarse la norma tal cual está planteada, volverán a evaluar su participación en este sistema de créditos. En ese sentido, el ejecutivo comentó que "implícitamente, lo que nos están diciendo es que esa garantía (de 90% del Estado) no vale nada, lo que podría tener una implicancia en la calificación de riesgo de la deuda soberana".

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Y las críticas a la normativa no radican sólo en el costo para la banca, sino también para los clientes. Sin ir más lejos, tras la junta de accionistas de Banco de Chile, el gerente general de la empresa, Eduardo Ebensperger, apuntó que en caso de aprobarse el documento tal como está, la banca podría traspasarle un mayor costo de crédito a los clientes.

Al respecto, el presidente de la firma controlada por el grupo Luksic y Citi, Pablo Granifo, dijo en la ocasión que existe un desafío muy importante: "Que las regulaciones no inhiban, no coarten la posibilidad de que sigamos bancarizando, porque sino, al final del día, va a ser más caro", comentó.

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Desde la industria señalan que el mayor costo para la banca vendría por los nuevos estándares en las colocaciones comerciales genéricas, modelo que además perjudicaría el acceso a préstamos que tienen las pymes, encareciendo el crédito.

En esa línea, la banca está de acuerdo en que se implemente una nueva normativa de provisiones, pero quieren que se haga mirando los estándares internacionales. Eso sí, en el acta del CEF de marzo, el regulador aclara que justamente "estos cambios se incluyen dentro del esquema de trabajo de la SBIF para alinear las normativas de provisiones y los requerimientos de capital por riesgo de crédito a los estándares y mejores prácticas internacionales".

Con todo, la norma estuvo en período de consultas desde el 11 de enero al 15 de marzo, pero la versión final aún está pendiente de publicación.