La multinacional sueca SCA, acusada por colusión en el mercado del tissue, advirtió graves efectos en caso de que el Ministerio Público logre acceder a los documentos de carácter reservado que forman parte de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En medio de la disputa por competencia en el marco del proceso abierto en el Tribunal Constitucional, la filial local de SCA advirtió que incluso podría salir del mercado. Esto, luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica y la propia compañía acudieran al TC a fin de frenar la arremetida del Ministerio Público que busca el acceso a los documentos confidenciales de la investigación.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), dio a entender que la revelación de la información que solicita la Fiscalía puede afectar gravemente su competitividad en el mercado si los antecedentes privados llegaran a caer en manos de su principal competidor, CMPC.

“Lo anterior, máxime si el mercado relevante en el que participa, un actor tiene una clara posición dominante, con casi el 80% de participación de mercado, con control absoluto en las cadenas de distribución, que ejerce su poder habitualmente, y que fácilmente podría sacarlo del mercado si tuviera acceso a información sensible”, afirmó la compañía a través de su último escrito presentado al TC.

“Si ese competidor tiene acceso, por ejemplo, a márgenes, costos, proveedores, canales en donde realizar sus ventas, promocionales, espacios en el retail, etc., la exposición de SCA Chile puede llegar a ser peligrosamente grave”, sostuvo la firma que es asesorada por el estudio Baker & McKenzie.

A través de esta vía la multinacional sueca respondió al traslado que le ordenara el Tribunal Constitucional, y al cual también lo hicieran el TDLC y la FNE.

¿Qué es lo que viene?

Este viernes, el Tribunal Constitucional fijará el día y hora para la vista de la causa que se llevaría a cabo la próxima semana. Concluida esa audiencia la sentencia tomaría un tiempo breve.

Documentos clave

Otro riesgo, a juicio de la compañía sueca, es que si el Ministerio Público lograra tener acceso a la carpeta que el TDLC decretara como confidencial, una serie de antecedentes quedarían sin protección, principalmente la información que es resguardada por la Ley de Protección de la Vida Privada.

A ello se suman los nombres de las personas que prestaron declaración o aportaron datos en procesos de delación. En este segmento también están las listas de proveedores y los valores a los que se adquirieron los insumos, lista de compradores y condiciones comerciales asociadas, además de los costos de producción y distribución.

Por su parte, el TDLC contestó un oficio del tribunal del Juzgado de Letras de Colina, donde se solicitaban declaraciones de distintos involucrados en el caso. Entre ellos Gabriel Ruíz Tagle, Jorge Morel, Cecilia Hëberle y Miguel González Pinto. El órgano antimonopolio, declinó a entregar dicha petición, puesto que aún no se concreta la etapa testimonial.