Despidos, sumarios y una eventual intervención de la justicia, son algunos de los elementos que tiene la telaraña que ha generado el proceso ambiental del proyecto minero-portuario Dominga, propiedad de Andes Iron, y cuya historia está lejos de terminar.

Sin embargo, son los efectos al interior del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -organismo técnico que estuvo a cargo de la evaluación del proyecto, y que en última instancia lo respaldó- los que han permanecido más lejos de la opinión pública.

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Uno de ellos es la instrucción de un sumario interno con motivos de las denuncias y observaciones de un grupo de funcionarios del SEA, sobre algunos aspectos de la tramitación interna del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto Dominga.

La resolución está fechada el 31 de agosto, a 10 días de que el Comité de Ministros rechazara la iniciativa con tres votos a favor, dos en contra y la abstención del ministro de economía de el aquel entonces, Luis Felipe Céspedes. Y hace alusión a acusaciones de intervencionismo al interior del organismo técnico a nivel central, al imponerse decisiones sobre temas fundamentales de la evaluación.

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Según indica el documento, "funcionarios y funcionarias de la dirección regional de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, hicieron presente y detallaron en una carta dirigida a la directora regional y a su subrogante legal, las circunstancias que indican, relativas a supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Dominga, del titular de Andes Iron, desde la época de su ingreso el año 2013 hasta la emisión del Informe Consolidado de Evaluación de fecha 24 de enero de 2017, las cuales se habrían orientado a obtener la calificación favorable del proyecto, a pesar de existir una opinión diversa en el equipo de dicha dirección regional y de algunos órganos de administración de Estado con competencia ambiental".

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El sumario se encuentra pendiente de resolución y está siendo investigado por el abogado Jaime Guarello, jefe de soporte administrativo del SEA; indicaron desde el servicio.

Inicios de la investigación

La carta enviada por funcionarios del SEA de Coquimbo a la directora regional Claudia Martínez, expresaba el "desacuerdo" por los procesos internos del servicio, particularmente por las injerencias que tuvo la dirección ejecutiva en la división de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana y en el Departamento de Soporte Estratégico y Coordinación Institucional. La acusación apunta que Dominga ingresó a tramitación pese a la falta de información "relevante y esencial para la evaluación del mismo" y que su tramitación continuó para ser rechazado finalmente en una última instancia. De hecho, el proyecto habría seguido adelante pese a que la iniciativa no habría acreditado la idoneidad de las medidas de mitigación y compensación, entre otros.

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Sin embargo, estas acusaciones se contraponen con las realizadas por el ex jefe del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso, quien en una entrevista con PULSO respaldó la gestión del servicio durante el proceso ambiental de Dominga, indicando que se ajustaron a la norma; al tiempo que dio luces de intervencionismo del actual ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que derivaron en el rechazo del proyecto minero.