Hubo gastos irregulares al interior de SQM entre 2008 y 2014, pero no fueron pagos con el fin de tener ventajas económicas.

Esta fue la conclusión de la investigación realizada por Shearman&Sterling, en conjunto con Vial/Serrano Abogados y FTI Consulting, y encargado por el comité Ad hoc de SQM -hoy integrado por los directores Edward Waitzer, Wolf Von Appen y Robert Kirkpatrick- luego de destaparse el escándalo por el pago irregular a políticos, que concluyó con la salida del ahora ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.

Luego de nueve meses de investigación, el directorio recibió ayer el informe, el cual fue revisado por horas. En la tarde, altos ejecutivos de SQM junto a los abogados fueron a presentarlo directamente al Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, y a la Fiscalía.

Esto pese a que el estudio estaba destinado a proporcionar información al organismo regulador norteamericano, Securities and Exchange Commission (SEC). ¿La razón? “Deferencia” a la autoridad nacional.

Específicamente, el estudio encargado a Shearman&Sterling buscaba indagar responsabilidades al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), legislación estadounidense que prohibe actos de corrupción a funcionarios públicos fuera de los EEUU e impone disposiciones contables. Esto, porque el 23% de la participación de la empresa proviene de ADR, y arriesga una arremetida en tribunales en caso de violarse la ley.

Dentro de las conclusiones de la investigación -que incluyó la recopilación de cerca de 3,5 millones de documentos y entrevistas al directorio y ejecutivos- está que entre 2008 y 2015 se realizaron pagos irregulares, sin la documentación suficiente, pero no se identificó evidencia que demuestre que los pagos fueron destinados a corrupción o con el fin de tener ventajas económicas por parte de la compañía.

La investigación también concluyó que los controles internos de SQM no fueron suficientes para supervisar los gastos que formaron parte del centro de costos del ex gerente general de SQM.

Ahora, el estudio está en manos de la SVS y la Fiscalía, y será entregado por Shearman&Sterling en enero a la SEC.

Sin embargo, el resultado del informe no significa que el tema este resuelto, ya que si el regulador norteamericano considera que no fue lo suficientemente profundo podría abrir una investigación propia. Otro camino que podría ocurrir es que acepte el peritaje de la auditora y multe a la compañía. De igual forma otra de las vías de acción que tendría la SEC es que derechamente se querelle en contra de las personas que aparezcan como responsables.

Respecto a posibles acciones legales contra Contesse, el presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán, dijo que estas se tomarán cuando “sepamos exactamente cuál es la verdad de los hechos”, es decir, cuando concluya la investigación de la Fiscalía.

Deferencia a la autoridad

Según explicó el presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán, la empresa no quiso esperar a presentar el estudio en Estados Unidos por “deferencia a la autoridad regulatoria que es donde la compañía existe”.

“Creo que es una demostración de transparencia y pro actividad en buscar la verdad”, agregó.

Precisa que el documento tiene carácter de reservado y se va a mantener reservado mientras no se le entregue oficialmente a la SEC. Una vez en manos del regulador, los tiempos son inexactos ya el regulador no está sujeto a un tiempo específicos para dar su respuesta.

Guzmán aseguró que al interior de la minera tienen toda la disponibilidad de aportar la información que se requiera y mejorar su gobierno corporativo y sus controles internos.