Un paso sustancial dio el proyecto que aumenta la transparencia y regula el incremento de valor del límite urbano estableciendo un impuesto adicional de 10% cuando los terrenos cambian de uso desde lo agrícola a urbano.
El texto fue aprobado en particular por el Senado en la sesión de ayer, y ahora los cambios introducidos deben ser ratificados por la Cámara de Diputados. Si los apoya, el texto está en condiciones de ser Ley y si los rechaza debe pasar un nuevo trámite a Comisión Mixta.
En términos generales el articulado crea un nuevo impuesto que grava con una tasa especial de 10%, el incremento de valor que se produzca a consecuencia de la ampliación del límite urbano, el cual se materializará al momento en que se enajene el inmueble.
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Estos tributos se destinarán al Fondo Común Municipal (62,5%) y a la comuna donde se verifique dicho cambio (37,5%).
Este proyecto conocido como ley Caval busca que el Estado capture una parte de las ganancias cuando hay cambio de uso de suelo de agrícola a urbano, y ajustar los avalúos y los gravámenes a los terrenos eriazos tal como sugirieron el Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, encabezada por Eduardo Engel y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Tras la votación la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball agradeció el trabajo del Senado y la seriedad a la hora de evaluar el texto: "durante este período hemos despachado tres leyes que son las reformas más estructurales que se han hecho nunca en la historia de la ley de urbanismo y construcciones".
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Se refería al articulado para recuperar la capacidad del Estado para afectar poniendo fin a la ley de caducidad y así garantizar la calidad de construcción de las ciudades; a la Ley de aporte al espacio público -"que es una de las leyes más innovadores que permite armonizar el desarrollo inmobiliario con un desarrollo equilibrado y sustentable de la ciudad-; y ésta que según la ministra: "mejora sustantivamente la planificación, la transparencia en el mercado del suelo y la forma y la justicia de cómo se tributa en nuestras ciudades. De esta forma se cumplió en este gobierno con el objetivo de que el desarrollo sea más equitativo y que nadie se quede atrás".
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Debate por impuesto
Uno de los temas que concitó mayor discusión fue el artículo cuarto que fijaba el nuevo impuesto, que finalmente fue aprobado por 20 votos y 6 en contra.
Desde la oposición el senador José García (RN) recordó que ya en la Reforma Tributaria se estableció un impuesto al mayor valor obtenido en los bienes raíces, también del 10%, y que cada vez que hay un cambio de límites la propiedad aumenta su avalúo fiscal por ende incrementa el impuesto territorial o contribuciones.
"Por eso nos ha parecido que este nuevo impuesto por el solo cambio del plano regulador es francamente un exceso. Chile necesita mayor ahorro e inversión y mucha gente refugia su ahorro en bienes raíces, y ahora lo vamos a castigar por el solo hecho de que se amplía el plan regulador. Me parece que son excesos", recalcó.
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En el otro lado, el senador Carlos Montes (PS), presidente de la Comisión de Hacienda, recordó que muchos países en el mundo como Brasil y Colombia cuentan con un impuesto de este tipo cuando decisiones administrativas generan un aumento en el valor de las propiedades. "Ese aumento puede quedar en manos de los privados o hacer un aporte a la ciudad, esto no es un castigo es compartir una parte del beneficio sólo por un cambio normativo. Solo un dato: Santiago tiene 72 mil hectáreas urbanas y cada vez que sube 1 UF el metro cuadrado se generan 29 mil millones de dólares en la ciudad, y aquí se está diciendo que se reparta un poquito", añadió.