No ha dejado de sorprender la errática posición adoptada esta semana por el Gobierno en la reforma educacional. Si bien el lunes los líderes partidarios de la Nueva Mayoría resolvieron no respaldar la idea de castigar con cárcel a quienes lucren con la educación subvencionada, en las horas siguientes el propio ministro de Educación avaló la indicación de un grupo de diputados que sí establece esa figura, si bien el apoyo parece más bien un guiño a la bancada estudiantil y a la izquierda, debido a que el propio Eyzaguirre relativizó que el tipo penal efectivamente se aplique. Sin embargo, lo que ha ocurrido con la indicación en cuestión, la fractura de la DC frente a esta misma materia, la insistencia de algunos legisladores en propuestas que no son consensuales ni siquiera dentro de la NM -como limitar a las ATE-, los cambios a la iniciativa que son considerados gestos a la Iglesia Católica, así como la presión del Mineduc para bajar las indicaciones que amenazan con desbordar el proyecto y retrasar su tramitación, son señales inequívocas de cómo se ha enturbiado la discusión legislativa de una reforma que tiene problemas estructurales en su concepción. El equivocado orden de prioridades del Ejecutivo y la ausencia en su coalición de una visión programática común desgastan a diario la gestión ministerial. Todo ello además en un escenario donde los estudiantes vuelven a amenazar con la presión de la calle.