Silvia Rucks, ONU: "La población inmigrante, junto a la mapuche, son las que peor trato reciben. Eso tiene que cambiar"

Con más de 30 años de trayectoria en la ONU, Silvia Rucks cuenta cómo el término inmigrante casi tiene una connotación negativa en nuestro país. "Cuando alguien señala a alguien como inmigrante en Chile, seguro habla de una de las seis nacionalidades que más llegan al país y no del estadounidense expatriado que viene de la mano de una compañía", asegura la coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile. Señala que es clave avanzar en el marco regulatorio que hoy nos rige y que es el más antiguo de Latinoamérica.

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¿Qué visión tiene de la inmigración en Chile?

-Es evidente que los flujos migratorios más recientes de Chile plantean la necesidad de repensarse como país y la posición que van a tener ante la inmigración. Ahí hay que considerar elementos que son fundamentales: primero, la ley no sólo es antigua -data de 1975-, sino que no responde al contexto actual o lo que el país tiene como demanda migratoria. Del mismo modo, se plantea un nuevo contexto con la agenda 2030. Independientemente de cómo se está haciendo, como Naciones Unidas creemos que Chile se ha hecho parte de los ODS y estos tienen como objetivo no dejar a nadie atrás. Aparentemente esto hoy no ocurre con la población inmigrante.

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¿Qué evaluación hace de la gestión a través de políticas migratorias?

-Se trata de la ley más antigua de la región. Se aleja de los estándares internacionales que han sido ratificados por Chile, que son prácticamente todos. Acercarse a una política migratoria desde el punto de vista del derecho hoy es clave. El fenómeno de la migración está para quedarse. Por eso, seguimos con mucho interés el proyecto de ley. Tiene enfoque de derecho humano, es un avance, pero no es suficiente. Se requiere un tema de institucionalidad para implementar contenidos de esa nueva ley. Es sumamente relevante que sea nacional, pero que también funcione a nivel de región y comuna, donde se dan las convivencias a nivel humano.

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¿Qué pasa con los inmigrantes que trabajan de manera informal con sus pensiones y salud?

-Nosotros como PNUD llevamos dos años haciendo un estudio sobre desigualdad en Chile. La desigualdad aparece como un fenómeno muy notorio en la población inmigrante. De alguna manera, lo que permite es darle visibilidad a un problema que existía antes del aumento de las inmigraciones. Es necesario hacer una revisión de políticas públicas. Se ha señalado, por ejemplo, que el inmigrante acepta un trabajo de peor remuneración. Eso se da porque el país lo está permitiendo, independientemente, del fenómeno de la inmigración. Es la oportunidad para hacer una revisión profunda y estructural del mercado laboral. Y esto no sólo dará respuesta a los inmigrantes, sino que a todos. Acá se da el caso de que el pobre no necesariamente es desempleado -porque el desempleo es relativamente bajo-, hay mucha gente que estando empleada, igual es pobre.

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La encuesta nacional que realizaron el año pasado hablaba de la discriminación...

-Sí. La población inmigrante, junto a la mapuche, son las que peor trato reciben. Eso es algo que tenemos que cambiar.

A nivel de política pública ha habido un avance en materia de derecho en las últimas administraciones.

-A pesar de que no hay una institucionalidad moderna para gestionar a Chile como nuevo destino de migración, es cierto que los gobiernos democráticos han implementado medidas que han tendido el acceso derechos socioeconómicos relevantes. Es muy importante lo que se está haciendo en materia de salud, de educación.

¿Qué se puede hacer?

-Si tuviera que hacer una recomendación, hablaría de una necesidad de mayor diálogo, de debate. Las visiones más negativas muchas veces esconden desinformación y temores. Hay un desconocimiento de cifras. Hoy, el porcentaje de inmigrantes es de 2,7%, según la última encuesta Casen. En los países desarrollados no baja del 11%. Estamos muy lejos de ese tipo de fenómeno migratorio. Otro punto es el desconocimiento acerca de quiénes están llegando. Por ejemplo, muy fácilmente se asocia a connotaciones negativas, de baja educación, y no es cierto. Están llegando inmigrantes muy educados que están dispuesto a tener trabajos menos calificados por necesidad.

¿Qué "miedos" hay al respecto?

-Uno de ellos tiene que ver con el trabajo. La población inmigrante está tomando empleos que los chilenos, al mejorar sus condiciones, ya no quieren realizar. Hablamos de trabajos rurales, domésticos, de ventas, etc. A medida que los países van creciendo, la población no quiere hacerlos y no por ello desaparecen, es lo mismo que ocurrió en países desarrollados. Otro tiene que ver con cómo nos relacionamos o reglas de convivencia. Para la sociedad chilena, por ejemplo, el espacio público es para ir de un lado a otro. Los inmigrantes se reúnen y conviven en las esquinas porque vienen de países donde el espacio público es el lugar de convivencia. Cuando trasladas esa pauta cultural y la traes acá, es rechazado por ser visto como diferente. Es un debate muy profundo, alguien cree que se paran en la esquina porque son delincuentes y se trata de aspectos culturales muy arraigados sobre todo en los países caribeños. Comunicándonos más podríamos hacer frente a esos prejuicios.

Hace algunas semanas, los candidatos llevaron el debate a la inmigración. La discusión se centró en si ésta debía ser abierta o selectiva. ¿Cómo debiera hacerse?

-Es muy difícil entender de qué se habla cuando se habla de selectivo en un marco de derechos humanos. Cómo la van a hacer, cómo van a ser los criterios. Cómo poner criterios que no resulten discriminatorios. Al decir estos sí o estos no por estas razones, eso es discriminación. No entiendo cómo puede haber una propuesta de inmigración selectiva que no sea discriminatoria y que pueda cumplir con los derechos humanos que Chile respalda en los tratados internacionales.