Semanas complejas le quedan por delante a los equipos de Corfo, las sociedades cascada controladoras de SQM y a la propia minera, para zanjar el arbitraje que lleva la compañía con el organismo que dirige Eduardo Bitran, por las discrepancias en el contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama. El lunes las partes iniciaron una nuevo proceso de conciliación.

Y es que según comentan fuentes ligadas al proceso, al interior de Corfo tuvo buena acogida la propuesta de Pampa Calichera, en lo que se refiere a cambios en el gobierno corporativo. A su vez, desde SQM buscan que el organismo público les eleve la cuota permitida de extracción que tienen en el Salar. Con el ritmo actual, esta caducaría en 2021.

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En el hecho esencial enviado ayer, SQM informaba que la propuesta ya había sido aceptada por Corfo, sin embargo, este "está sujeto, entre otras condiciones suspensiva, a un acuerdo en la modificación de los contratos dentro del marco de la conciliación".

Precisamente, este es uno de los puntos que está en el centro de la discusión.

Según trascendió, desde la minera buscan que se les entregue una cuota necesaria para alcanzar la plena capacidad sus operaciones y futuras ampliaciones, hasta que termine el contrato de arrendamiento. Actualmente SQM tiene una capacidad de 48 mil toneladas de litio equivalente, sin embargo, está realizado inversiones para llevar dicha capacidad hasta las 60 mil. No obstante, esta cifra podría duplicarse fácilmente si la minera decide concretar una planta de procesamiento, según comentó el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, en abril pasado.

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Precisamente, las partes estarían negociando una cuota de extracción que les permita alcanzar una producción de 126 mil toneladas de litio equivalente. Conocedores apuntan a que un acuerdo de este tipo podría estar cerca.

Desde Corfo indicaron ayer que, si bien no es posible anticipar el resultado de este nuevo proceso de conciliación, de ser exitoso "la ampliación futura de las cuotas de Litio, permitirán a Chile expandir significativamente la oferta de litio, durante el período del contrato".

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Chile es uno de los países con uno de los mejores recursos a nivel mundial, sin embargo, su política de explotación es más restrictiva respecto a otras naciones por su carácter de no concesible. Por ello, se estimaba que si las partes no llegaban a acuerdo, la participación de Chile en el mercado del litio caería desde el 36% al 11% al 2022. Por el contrario, si SQM elevaba su producción hasta las 126 mil toneladas de litio equivalente -que busca actualmente- dicha participación se reduciría a un 30%. La participación se reduciría en cualquiera de los dos escenario, debido al crecimiento de mercados competidores.

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"El win-win"

Desde el sector ven con buenos ojos que ambas partes den término al arbitraje, lo que permite que SQM mantenga una posición favorable en el mercado del litio.

Y es que se espera que la demanda del litio aumente de forma exponencial durante los próximos años, como consecuencia de la electromovilidad y el almacenamiento energético, elevando sustancialmente su precio y beneficiando -ultimamente- a las arcas fiscales.

Desde el mercado también celebraron el hecho de que SQM redujo la incertidumbre en torno a su futuro en el salar. Así, las acciones de SQM-B subieron 2,49%, mientras que las de Pampa Calichera avanzaron 5,56%.

Eventual acuerdo no requiere pasar por junta de accionistas ni ser visado por otros directorios

A pesar de ser el único flujo de caja de la estructura bajo la cual Julio Ponce ejerce el control sobre SQM, el acuerdo entre Pampa Calichera, Potasios y Corfo, no requeriría de otras instancias de aprobación más que la de los miembros de estas mesas directivas.

La propuesta sólo debe ser votada por los directorios de ambas sociedades, y no requiere de la ratificación de sus respectivas juntas de accionistas.

En esa línea, las sociedades matrices tampoco tendrán alguna instancia de votación.

Esto, pues legalmente son los directorios de las filiales cuyo subyacente directo es SQM, y que mantienen el pacto de accionistas con Kowa, quienes deben ejercer su voto.

Así, los directorios de las sociedades aguas arriba como Nitratos, Oro Blanco y Norte Grande no deben pronunciarse sobre la materia, ni tampoco sus juntas de accionistas.

En la propuesta, la Cascada se compromete a poner término al acuerdo de actuación conjunta de Kowa, que data de 2006, y a no replicar un pacto similar con terceros que lo permitan adquirir el carácter de controlador. Esto, hasta que se termine el contrato de arrendamiento entre las partes el 31 de marzo de 2030.

Con esto, Julio Ponce sólo podrá designar tres de los ocho directores de la empresa , a pesar de tener el 50,3% de las acciones serie A, la que elige a 7 de 8 directores.