Una férrea defensa de la legalidad de los aportes a campañas políticas realizaron los máximos ejecutivos  de Cencosud, Quiñenco y SQM a través de sus declaraciones ante el Ministerio Público. Esto en el marco del denominado Caso Donaciones.

El caso surge luego que Oscar Gajardo, accionista minoritario de dichas compañías manifestara reparos a la forma en que se han efectuado aportes a campañas políticas, asegurando que éstas debieran hacerse con la autorización de la junta de accionistas, razón por la cual presentó una querella. Esto último bajo la figura del delito de apropiación indebida.

Los abogados Oscar Gajardo y Bárbara Salinas presentaron la acción contra directores y ejecutivos de Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, Falabella, SQM, AntarChile, Lan y Quiñenco.

PULSO tuvo acceso a las primeras declaraciones que los ejecutivos efectuaron ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, cuya investigación es encabezada por el fiscal Ezio  Braghetto.

Cabe consignar que tras transcurrir 40 días de secreto en la investigación, la carpeta quedó a disposición de los intervinientes.

El último ejecutivo en declarar ante el Ministerio Público fue Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco.

El hombre fuerte del grupo Luksic destacó la legalidad en la entrega de aportes a campañas políticas en nuestro país, afirmando que de esta forma la compañía realiza una contribución del país.

“Mejor política equivale a un mejor país y un mejor país contribuye a un mejor entorno para desarrollar la actividad empresarial (…) Parece relevante aportar en el debate de las ideas y de la generación de políticas públicas, lo que va en beneficio del progreso y desarrollo de Chile”, afirmó el ejecutivo.

Pese a ello, Pérez acotó que “el monto de estos aportes es insignificante desde la óptica de la responsabilidad social de la empresa y por esa vía de la creación de valor agregado para la compañía y sus accionistas”.

El gerente general de Cencosud, Jaime Soler comenzó destacando la contribución económica realizada Cencosud.

“Es la matriz del grupo Cencosud, compuesto por más de 140.000 trabajadores con presencia en cinco países; a saber: Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, sin contar en ellos, una agencia en China dirigida por un chileno”, afirmó el ejecutivo que asumiera en su actual cargo el 1 de enero de 2015.

No obstante, pese a que no ostentaba dicho puesto en la compañía en el periodo en que se cuestionan los aportes, el ejecutivo destacó el rol activo tras enterarse de las acusaciones. “Solicité que al interior de la compañía se hicieran las averiguaciones pertinentes y se me informó que al revisar las actas de directorio de Cencosud se pudo constatar que al menos desde el año 2005, a la fecha, no se han efectuado donaciones para campañas políticas en marco de la Ley N° 19.885”, afirmó el ejecutivo.

Sin embargo de igual forma cuestionó la querella presentada en su contra.

“La querella criminal dirigida en mi contra no tiene ningún fundamento motivo por el que hago expresa reserva de las acciones que me franquea la ley, toda vez que según me han informado mis abogados, los hechos que se me imputan no son constitutivos de delitos, y además, lo que es más importante aún yo no he participado de manera alguna en tales hechos puesto que a la fecha en que ellos ocurrieron no desempeñaba el cargo que hoy ostento”, afirmó el pasado 3 de noviembre ante la Fiscalía Oriente acompañado de su abogado Sergio Bunger.

Por su parte, el gerente general de SQM, Patricio De Solminihac, optó por responsabilizar a su antecesor en los cuestionamientos.

“Lo que escuché es que fue el directorio quien le delegó al señor gerente general de la época, Patricio Contesse, que él hiciera las gestiones y tuviera la atribución de asignar e implementar los aportes del monto total aprobado”, afirmó el ejecutivo.

“No recuerdo si se rindió cuenta de las gestiones realizadas por el señor Contesse al directorio”, explicó ante la fiscalía.

El gerente general de SQM detalló: “Si recuerdo bien, en las primeras elecciones fueron de US$1.000.000 y los montos posteriores en las elecciones eran de US$1.800.000”.