La conclusión de la Contraloría General de la República al analizar el funcionamiento de la Subsecretaría de Pesca fue lapidaria. La auditoría publicada por PULSO buscaba verificar el correcto funcionamiento de sus funciones, en conformidad con la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus reglamentos sobre la actividad acuícola, específicamente en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén entre 2011 y 2015.

Constató incumplimientos a la hora de realizar los estudios, reportes e informes técnicos a fin de evaluar y proteger los recursos hidrobiológicos, en las disposiciones tendientes a la protección del medioambiente y en la aplicación de la caducidad a aquellas concesiones que no se ajustan a la normativa. Tampoco implementó el control en línea ni estableció el reglamento que determina el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos de la acuicultura, habiendo transcurrido seis años desde la publicación de la ley. Por otro lado, además de no emitir el reporte bienal sobre el estado ambiental de la acuicultura con la periodicidad que exige la normativa (dos años), entre otras falencias.

El resultado de esta auditoría es lapidario y ahora se entiende la precaria situación de la industria. De comprobarse estas acusaciones, la autoridad debería intervenir esta entidad.