La Superintendencia de Pensiones emitió la Resolución Nº 102 en la que aprueba el modelo de supervisión basada en riesgos y que es aplicable a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
Según la Superintendencia, dicho mecanismo de fiscalización tiene como objetivo que las entidades puedan "identificar, monitorear, controlar y mitigar los riesgos más críticos que enfrentan, incentivándolas a gestionar los que puedan amenazar y afectar el servicio que prestan a los afiliados y beneficiarios de ambos sistemas".
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Esta aprobación por parte del regulador se produce luego que el organismo pusiera en consulta la resolución para los comentarios tanto del público en general como los diversos agentes del mercado, la cual se extendió entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre, período en el cual se recibieron comentarios de siete entidades.
El nuevo método reemplaza a la que estaba en aplicación desde 2010 y comenzará a regir de manera obligatoria a partir del 1 de mayo próximo. La Superintendencia, en el ámbito de las funciones y atribuciones también supervisará la gestión de riesgos de los procesos que se definen como claves para el Instituto de Previsión Social (IPS).
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La Resolución N° 102 establece cambios metodológicos para la evaluación de la gestión de riesgos que efectúan las entidades supervisadas por la Superintendencia. "Se incorporan nuevos riesgos en el análisis, como el reputacional, el estratégico y el de conducta de mercado, y considera nuevas herramientas de mitigación de riesgos. Los resultados de la evaluación de la gestión de riesgos se notifican a los directorios de cada entidad una vez al año", dice el regulador.
Además de la Resolución antes mencionada, la Superintendencia emitió las Normas de Carácter General N° 216 para las AFP y N° 50 para la AFC, que complementan la regulación vigente sobre principios y lineamientos generales de buenas prácticas que se espera que los fiscalizados adopten en la gestión de sus riesgos, la cuales también comenzarán a regir el 1 de mayo.
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