Determinar la existencia de una relación entre el pago por planes de isapre y la mayor demanda por consultas médicas, conocido también como el riesgo moral de la industria, fue el principal objetivo de la Superintendencia de Salud en la realización de su informe "Riesgo Moral Ex-Post en el Sistema Isapre: Análisis de la relación entre cobertura efectiva y utilización de consultas médicas ambulatorias, 2010-2016".

Contrario a lo que se puede pensar desde la lógica, comenta el jefe del departamento de estudios de la Superintendencia, David Debrott, el estudio detectó que no existe un riesgo moral tras la contratación de planes de isapres, esto es que a mayor valor del plan, no existe mayor uso de prestaciones médicas, por el contrario.

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"(Existe) una relación significativa pero de signo negativo entre la media esperada del número de consultas y la cobertura efectiva, esto es, a medida que aumenta el porcentaje de cobertura efectiva, disminuiría el número esperado de consultas médicas", destaca el reporte que se hizo estudiando la utilización de consultas de medicina general (CONS01); las consultas de neurólogo, neurocirujano, otorrinolaringólogo, geriatra, oncólogo, endocrinólogo, reumatólogo y dermatólogo (CONS02) y el resto de las especialidades médicas (CONS03).

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Para Debrott, las personas de mayores ingresos, y que por tanto acceden a mejores planes de salud, tienen mejores condiciones de salud y, por tanto, menos necesidades médicas. "Las personas con mayor cobertura de isapre van menos a consultas médicas. Por lo tanto, existe un grupo de la población que está sobreasegurado".

En esa línea, el reporte del regulador detalla que "aquellos sujetos con mayores ingresos, más jóvenes y más sanos, y por ende, con coberturas efectivas mayor al 60%, probablemente demandan menos consultas médicas, y cuando lo hacen, son sistémicamente inducidos a usar prestadores preferentes, donde resulta más fácil para el seguro controlar la demanda de consultas médicas, sobre todo, cuando existe integración vertical entre el seguro y el prestador de salud".

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Asimismo, además del factor de que personas de mayores ingresos tienen menos requerimientos de prestaciones de salud, el reporte señala que resulta "racional" que las personas que tienen un copago cercano al 60% disminuyen el uso de prestaciones de salud por el costo asociado: "Si un sujeto asegurado debe enfrentar un copago mayor o igual al 60% del gasto de la prestación, o dicho de otra forma, dispone sólo de una cobertura efectiva menor a 40%, éste podrá cuestionar la utilidad del seguro, o en el caso de que el seguro sea obligatorio, tenderá a restringir el uso de los servicios asegurados, pues el mayor gasto, en este caso, será de su bolsillo".

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De hecho, para el gerente de estudios, este informe permite concluir que la industria de los seguros de salud requiere "más intervención regulatoria" e incluso hace referencia a la reforma a las isapres que fue anunciada al comienzo del mandato de Michelle Bachelet y que, posteriormente, fue desestimada: "En la propuesta de reforma una de las cosas planteadas era que el plan universal tenía igual cobertura para todos, porque si todos tienen igual cobertura, no existe opción de pagar más por una mejor cobertura y se genera una mejor asignación desde el punto de vista social".

En esa misma línea, Debrott asegura que, pese a que el informe no distingue entre las personas que tienen seguros complementarios a su plan de isapre y las que no, éstos son "otra fuente de ineficiencia porque alteran (aumentan) las coberturas".

Los usuarios del sistema

El estudio permitió realizar una radiografía a los usuarios del sistema que son mayores de 18 años y viven en la Región Metropolitana.

Entre las conclusiones alcanzadas, está que más del 80% de los beneficiarios de las isapres acuden a médicos especialistas, y de este grupo un 70% son mujeres que tienen entre 40 y 50 años, quienes en promedio van a cuatro o más consultas al año, con una cobertura "levemente" superior al 60%, pese a que el 80% de las consultas son en prestadores no preferentes.

De manera desagregada por tipo de consulta, las de neurólogo, neurocirujano, otorrinolaringólogo, geriatra, oncólogo, endocrinólogo, reumatólogo y dermatólogo, fue la que más aumentó su valor con un alza real en seis años (a 2016) de 5,5%. "El uso de prestadores preferentes disminuyó desde un 19% el año 2010, a un 16% el año 2016. El año 2016, los usuarios de CONS02 fueron adultos mayores, principalmente mujeres (70%) y consumieron en promedio 3,82 consultas por año, de las cuales, sólo el 16% fueron otorgadas en prestadores preferentes", puntualiza el reporte.

Las demás prestaciones asociadas a especialidades médicas se encarecieron un 3,4% real entre 2010 y 2016 y su consumo aumentó en aquellas personas cuya cobertura del plan de isapre generaba un copago inferior al 60%. En cuanto al grupo etario que más acudió a estas consultas son adultos con una media de 52 años y un 70% corresponde a mujeres. En cuanto a la cobertura, detalla el informe, un 44% de los usuarios presentaron una cobertura efectiva menor o igual al 60%.

Con todo, la medicina general es la que mostró la menor variación en su costos (aumento real de 1,4%), mientras que "la cotización pactada promedio en los usuarios de este tipo de consultas, aumentó en un 27% real durante 2010-2016, lo que sugiere un significativo aumento del precio de los planes de salud y/o una selección hacia mayores ingresos por parte de las Isapres", según detalla el documento del regulador.

Con todo, sólo el 26% de los beneficiarios que acudieron a consultas de medicina general tuvieron una cobertura efectiva igual o inferior al 60%.