Según los últimos datos disponibles, este año los recursos de protección de afiliados en contra de sus isapres por el alza de planes llegarían a 60 mil. Pese a que la cifra está lejos de las 100 mil acciones presentadas en 2015, es una constatación de que el problema no es de pronta solución. Al respecto, una señal importante está dando la Corte Suprema, pues tras más de diez años cambió de criterio y está declarando inadmisibles las apelaciones por costas de los abogados que defienden a afiliados en casos de alzas de planes. Hoy, según se estima, hay toda una “industria” en torno a la judicialización, pues al agruparlas las costas suman varios millones para cada abogado que litigue en estas presentaciones. Según las partes involucradas, que la Suprema resuelva no aceptar reclamaciones por costas está complicando a los abogados del rubro, por lo que algunos están planeando acudir ante las nuevas máximas autoridades del Poder Judicial en marzo.

El tema de la judicialización de la salud privada es un problema que se extiende a lo menos por seis años, con graves perjuicios para el sistema de isapres. Por lo mismo, el llamado debe ser a resolver este conflicto de manera legal y salvaguardando los genuinos intereses de la partes y no tener que recurrir a medidas administrativas para resolver un problema de políticas públicas al cual el regulador no ha hecho frente.