Una serie de infracciones a la ley y la normativa podría llevar a que la Caja La Araucana, sus ex directores, gerente general y miembros del comité de auditoría paguen multas de hasta UF15.000 ($384 millones) cada uno, luego de que el pasado 16 de diciembre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) formulara cargos contra éstos por sus responsabilidades en el manejo de las irregularidades detectadas por la auditoria PwC para el cierre del ejercicio 2014.

Los cargos contra la caja -que fue intervenida luego de caer en default con los bancos, y que hoy se encuentra en negociaciones para reestructurar pasivos por $425 mil millones- , implican incumplimientos de las instrucciones relativas a la corrección de sus estados financieros de 2014 impartidas el 22 de junio de 2015, “situación que sólo fue regularizada en agosto del año en curso, debiendo haberse ejecutado lo instruido el 31 de julio de 2015”, así como también por la “remisión del acta íntegra de la sesión ordinaria de directorio N°569 (del 23 de julio)”, en la cual la mesa aprobó solicitar al regulador no rehacer estados financieros a 2014.

Junto con ello, los cargos también apuntan al incumplimiento de la instrucción relativa a “la implementación de políticas y procedimientos de controles internos adecuados respecto a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2014, como también respecto al análisis y regularización de las observaciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a dichos estados”; así como por el no envío en calidad de hecho esencial de  información  que para el regulador del sector sí revestía dicho carácter,  como es  la baja en la clasificación de riesgo por parte de Fitch Rating, el rechazo de los instrumentos de oferta pública de la caja por parte de la Comisión Clasificadora de Riesgo, la petición de una tercera nota de riesgo;  el no informar los errores en el cálculo de las provisiones por riesgo de crédito a diciembre de 2014, ni la fuerte alza en el premio por riesgo de sus bonos.

Los directores

Clave en la situación por la que atraviesa la caja fue el rol del directorio. Por ello, la superintendencia formuló cargos contra los directores Claudio Soler, Juan Moreno , Manuel López, Jaime Moreno, Verónica González y el presidente, Antonio Castilla, por “falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivada de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la auditora externa PwC y la Superintendencia de Seguridad Social”.

En esa línea, lo que reprocha el organismo es que en la sesión de directorio 565 (del 31 de diciembre), en la que se revisó el  borrador del informe de PwC -que llegó al gerente general del 24 de marzo y éste lo elevó al comité de auditoría el 25 del mismo mes, un día antes de que se emitiera un bono por $50 mil millones- , el presidente de la caja en calidad de presidente del comité de auditoría junto a los directores Soler y López, señalaron que el comité “ha contado con información sólida que sustenta que las salvedades u objeciones de los auditores adolecen de materialidad”, y que posteriormente en la sesión del 2 de abril “del directorio, da cuenta de su conclusión respecto a la razonabilidad de los EEFF de la caja, sin que conste un análisis del acta de la sesión del comité de auditoría sobre la materia”.

Los directores “prestaron su aprobación a acuerdos que no ponderaron suficientemente las salvedades efectuadas por PwC, ni las observaciones de la Suseso contenidas en sus pronunciamientos”, dice el oficio de cargos.

Al mismo tiempo la Superintendencia acusa a los miembros del comité de auditoría , Mauricio Orleans (gerente general de entonces), Antonio Castilla, Claudio Soler y Manuel López,  de “falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la auditora externa PwC y las objeciones realizadas por la Suseso a través de sus pronunciamientos”.

Por último, también formuló cargos contra Mauricio Orleans, por “falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en relación a los antecedentes y análisis que entregó al directorio de la Caja La Araucana y a la Superintendencia de Seguridad Social, respecto a los estados financieros de la citada caja al 31 de diciembre de 2014”.

Tanto el ex gerente general, comité de auditoría, directores y la propia caja tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos, el cual vence el próximo 8 de enero.