Un creciente temor se ha manifestado en la clase política las últimas semanas. Se trata del fenómeno de la abstención en las municipales del 23 de octubre. Como se sabe, las pasadas elecciones contaron con una participación no superior al 50% y se proyecta que en estas la participación podría bajar hasta un piso de 40%, estimación que ha revivido las críticas a las actuales leyes electorales. Evidentemente una baja participación electoral sería una mala noticia, porque los alcaldes tendrían un bajo apoyo real, alimentado con las críticas -injustas- hacia la validez de un proceso poco representativo. Sin embargo, la clase política debería hacerse ciertas preguntas críticas sobre su conducta y responsabilidad en la crisis de representación, lo que la ha motivado, y cómo el electorado ha mostrado de manera creciente una desafección hacia los procesos eleccionarios. Por lo mismo es preocupante que las críticas se centren en los nuevos límites de la propaganda electoral y la supuesta falta de ambiente eleccionario, advertencias que en su minuto levantaron los expertos y que fueron desoídas por parlamentarios de ambas coaliciones. Por lo mismo, el Gobierno y los partidos deben ir más allá de las críticas y cálculos simples y abordar el fondo del debate: la falta de análisis profundo de las reformas políticas recientemente aprobadas, sin olvidar la total desafección que hoy experimenta la ciudadanía respecto de los procesos electorales.