Sin ni siquiera hacer un análisis del precio del cobre en los últimos cuatro años, es interesante mirar que, según cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), durante los últimos tres años decayó el comercio de bienes a nivel mundial, lo que para una economía pequeña y abierta al mundo como la chilena tiene una enorme repercusión en el mercado interno, ya que nuestros socios comerciales están demandando menos, contrario a lo que ocurrió en los años 2010 al 2014.

En la actualidad, aunque el crecimiento económico chileno se ha resentido debido principalmente al impacto de la desaceleración de las economías asiáticas, Chile se mantiene como líder latinoamericano en cuanto al crecimiento de la inversión extranjera directa recibida. En el período 2014-2015, estas aumentaron un 14%, siendo este el incremento más alto de la región. Esto nos hace constatar de la existencia de ciclos económicos que, en la actualidad, prevén una mejor proyección en el precio del cobre y mayor comercio de bienes. Por lo que independiente de lo que sucedió el 17 de diciembre, la economía chilena entrará en 2018, al igual que el mundo, en un mejor ciclo. Durante el primer gobierno del Presidente Piñera, el crecimiento promedio -en cifras del Banco Central - fue de 5,3% y en la actualidad es de 1,8%. Importante por ello es señalar que con ese nivel promedio de crecimiento, sumado a un buen ciclo del cobre y del comercio mundial, su gobierno aumentó en promedio el salario mínimo en un 27%, mientras que durante este gobierno ha sido del 31,4%.

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Por otra parte, la tasa de desempleo promedio de Piñera fue de 6,9% mientras que en el Gobierno de la Presidenta Bachelet alcanza el 6,4%. Así también durante el gobierno de Piñera se crearon 265 mil empresas y en lo que va de este gobierno se han creado 325 mil. El ingreso promedio de los chilenos por períodos de Gobierno (en base a cotizaciones previsionales en moneda de cada año) nos señala que, durante el Gobierno de Piñera este fue de $ 531.848 y en el actual gobierno es de $ 684.508. Estos ejemplos no tienen un ánimo confrontacional, por el contrario, buscan ejemplificar que, el crecimiento por sí solo, no genera bienestar colectivo, sino que es una herramienta que permite tomar decisiones de políticas públicas que sí generan impactos profundos.

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Por ello, la invitación es a debatir sobre el sentido último del crecimiento y no conformarnos sólo con que los índices mejoren; sino que estos sean canalizados en políticas y acciones que generen valor público real y sostenido en el tiempo. En una democracia no es posible referirse a políticas económicas pretendiendo ignorar los derechos de las personas, ya que las decisiones económicas tienen un impacto social en la medida que se refieren al manejo de las riquezas de los países. En otras palabras, la productividad de un país no sólo depende de qué producimos, sino cómo lo producimos. Por lo tanto, en una democracia el desarrollo económico no es un problema de riquezas, es un problema de equidad. Todos los países del mundo cuentan con recursos limitados que deben distribuir y es la decisión de cómo se distribuyen, lo que es necesario atender, ya que podemos, con la misma cantidad de dinero proveer de un subsidio directo o crear incentivos a un determinado grupo de personas, o con la misma cantidad generar bienes públicos a los que todas las personas que deseen puedan acceder, y es la política la que se ocupa de definir y narrar estas diferentes decisiones. Porque para enfrentar la pobreza y las incertidumbres de la clase media, no da lo mismo qué tipo de argumentos, valores y desde dónde se enfocan los problemas públicos que definirán el qué, el cómo y el para quién. Lo imprescindible entonces, es debatir cuáles serán esas políticas públicas.

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*La autora es subsecretaria de Economía