El pasado 13 de junio Alsacia dio inicio al primer juicio donde se invoca un tratado de libre comercio entre países con acuerdo de solución de controversia, en el se que involucraba a Chile. El operador del Transantiago interpuso en dicha fecha una demanda contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), acusando a Chile de incumplimiento de sus contratos. Un mes después, el fisco designó a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP como estudio de abogados para su representación. Alsacia, en tanto, eligió a la firma francesa Dechert.
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Sin embargo, aún restaba que las partes designaran a sus árbitros, lo que se concretó el 6 de diciembre. En representación de Alsacia, la compañía nombró al argentino, con residencia en Estados Unidos, Oscar Garibaldi, quien ha participado de diez juicios ante el organismo internacional que depende del Banco Mundial.
Por el Estado de Chile fue designada la francesa Brigit Stern, quien llegó a reemplazar a Ana Joubin-Bret- Esta última dejó la representación tras ser nombrada directora de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral por sus siglas en inglés).
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Stern, en tanto, ha sido partícipe de 58 casos ante el Ciadi.
La presidenta del tribunal, que es designado de común acuerdo por las partes, es la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler.
Tras la designación del tribunal, los integrantes tienen hasta 60 días para concretar su primera reunión o audiencia de procedimiento, por lo que el encuentro debiera llevarse a cabo antes del 6 de febrero. En la instancia, que aún no ha sido informada por el tribunal, se definirán los plazos de trabajo. Según conocedores de este tipo de causas, el juicio podría tardar entre tres a cuatro años en tener una resolución. Además, una de las partes puede apelar presentando una solicitud de nulidad, lo que se traduciría en un nuevo juicio. Así, el plazo total se extiende, en promedio, a unos cinco años.
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La demanda
Los hermanos Carlos y Francisco Ríos, controladores de dos de las empresas operadoras del Transantiago -Alsacia y Express-, concurrieron al Ciadi para demandar al Estado de Chile por incumplimiento de los contratos de concesión de operación del Transantiago. Según acusan las operadoras colombianas, uno de los problemas de los contratos fue la sobrestimación de la demanda, que no se habría ajustado a la realidad. Además, han señalado que el plan de operación exigido es imposible de cumplir con la flota contratada para operar. Así, alegan que existe un déficit de unos 50 buses, situación que habría sido ratificada por el panel de expertos del Transantiago. Lo anterior habría significado que la compañía registrara bajos indicadores de regularidad.
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La compañía no sólo deberá demostrar que no se cumplieron los acuerdos entre las partes, sino que además, que Chile no respetó el trato justo y equitativo con ella, pasando a llevar los tratados internacionales entre los países.
