40 días se tomó Tamara Agnic para oficializar su renuncia a la Superintendencia de Pensiones (SP) luego de que pusiera su cargo a disposición de la Presidenta Michelle Bachelet; sin embargo, su salida estuvo lejos de descomprimir la discusión respecto de las fusiones entre las AFP Cuprum-Argentum y Provida-Acquisition.

Si bien entre los parlamentarios se afirmó que la dimisión de Tamara Agnic debió haberse producido hace tiempo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, precisó que “la Presidenta no veía ninguna razón para pedir esa renuncia”.

De hecho, y tras el rápido nombramiento de Osvaldo Macías como nuevo superintendente de Pensiones (ver nota relacionada), el secretario de Estado señaló que “es muy relevante proteger, valorar, cuidar estos cargos técnicos, dejarlos que operen”.

Y es que mientras la ex reguladora de pensiones siempre insistió en que la decisión de aprobar los dos procesos de fusión se fundó en argumentos técnicos y siguiendo la normativa vigente, la críticas de los parlamentarios -encabezados por diputados DC- se centraron en el ahorro tributario que se generó (US$129 millones para Cuprum, del grupo Principal, y US$288 millones para Provida, de Metlife). Dado ello, continuarán insistiendo en la anulación de ambas operaciones, para lo cual esperan el pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que podría producirse en marzo-, previo a la resolución de la comisión investigadora de la Cámara respecto al rol de las superintendencias (Pensiones y SVS) y el SII en la fusión de Cuprum-Argentum.

Para el diputado Fuad Chahín (DC), el paso siguiente es que el CDE “demande la nulidad de los actos administrativos que dieron cuenta de la creación de Argentum y Acquisition, así como sus posteriores fusiones”. Si ello no ocurre, pedirán al Servicio de Impuestos Internos (SII) que se pronuncie al respecto.

Postura compartida por el presidente de la instancia investigadora, Pedro Browne (Amplitud). “Estamos esperando ver qué resuelve el CDE y cuál va a ser el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) y queremos ver qué dice el SII, porque aquí han aparecido antecedentes respecto de que eventualmente esta nueva administradora podría haber funcionando un par de meses sin rut”.

Lo que sigue pendiente es el pronunciamiento de la Contraloría sobre el recurso de reposición presentado por Agnic, luego de que en diciembre el organismo, a través de un dictamen, cuestionara la fusión Cuprum-Argentum.

Nicolás Monckeberg (RN), también integrante de la comisión investigadora, plantea que “el ministro de Hacienda perdió el gallito frente a la presión ejercida por la ministra del Trabajo y algunos parlamentarios”, agregando que para aceptar la renuncia (de Agnic), precisamente se debió esperar el pronunciamiento de la Contraloría. “De ninguno de los antecedentes recabados en la comisión puede desprenderse que la Superintendencia de Pensiones actuó contrario a la ley, el problema es que la ley tributaria lo permitía”.

Cercanos a las dos administradoras involucradas señalan que pese a que no ven posibilidad de que se anulen las fusiones, existe preocupación por la permeabilidad de las instituciones a las presiones políticas.

Sin referirse a ninguna de las operaciones, Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de AFP, se limitó a señalar que “es muy relevante que se mantenga la independencia técnica de la superintendencia y que ojalá se pueda mantener lo más lejos que se pueda de las influencias políticas” .

Gobierno corporativo

La renuncia de Agnic puso sobre la mesa un tema que une a la industria y los parlamentarios, y es una revisión al gobierno corporativo de la SP, lo que llevará a una figura similar a la Comisión de Valores que se busca para la SVS.

Fuad Chahín señaló que “más adelante deberíamos tener una comisión similar a lo que va a tener la Superintendencia de Valores y Seguros”.

Sin embargo, al interior de la industria aseguran que pese a ser un cambio necesario, es muy complejo que se logre desprender del peso político del cargo.