Tras casi dos horas de formalización, el Tercer Juzgado de Garantía determinó la prisión preventiva en contra de Rafael Garay por los delitos de estafa reiterada y apropiación indebida. De esta forma, el tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía, la cual detalló el mecanismo con el que Garay captaba a sus víctimas.
Según la jueza Paola Robinovic, "al tribunal sí le parece que hay un peligro para la sociedad y peligro de fuga. El peligro de fuga es evidente en un imputado que ha debido ser extraditado". Asimismo, la magistrada decretó un plazo de 120 días para la investigación.
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En el comienzo de la audiencia en el Tercer Juzgado de Garantía, la jueza Paola Robinovic le preguntó a Garay cuál era su estado de salud, a lo cual respondió que "estaba bajo tratamiento médico y fármacos, fueron entregados a Gendarmería", pero que aún así se sentía bien.
Modus Operandis
Durante el relato de la fiscalía, el fiscal Marcelo Levis detalló como fue que se dio el eventual fraude a las 37 víctimas teniendo como hecho común en todos los casos, la notoriedad pública que tenía Garay por sus apariciones en televisión, por los que le ofrecía invertir a través de su empresa Think&Co, lo cual se desarrolló desde agosto de 2011 a marzo de 2016.
De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público en todos los casos, Garay ofrecía una rentabilidad de 18% anual y les resaltaba a sus potenciales inversionistas el carácter internacional de su firma con oficinas en Hong Kong y con importantes inversiones en el mercado asiático. Además, decía que la sociedad era regulada por la SVS, lo cual no era efectivo, según explicitó el persecutor.
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El contacto con las víctimas se hacía a través de Facebook donde ellas contactaban a Garay tras escuchar sus asesorías financieras que hacía en televisión, y él a través de correos electrónicos "entregaba información falsa a las víctimas sobre la sociedad"
Según Levis, esta empresa "aparentaba dar un supuesto servicio de inversión. Si bien dicha sociedad estaba legalmente constituida, solo sirvió para dar la apariencia de supuestos servicios de asesorías de inversión que aparentaba invertir con los dineros entregados". Agregó que "ofrecía falsa asesoría financiera".
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Posteriormente, el fiscal metropolitano norte, José Morales pidió la prisión preventiva contra Garay, argumentando que el ingeniero comercial "es un peligro para la sociedad"y porque además se trata de un delito de estafa. Morales agregó que "esta sociedad dentro de lo que era el engaño o falsa apariencia decía relación con presentación de asesores de negocios y asesor político" Agregó que esta sociedad no tenía un giro de negocios que Garay señalaba.
Uno de los argumentos tanto de la Fiscalía como de los querellantes fue que Garay no tuvo intención de colaborar con la investigación ni enfrentar a la justicia en Chile, como él lo señalo, lo que quedó demostrado, señaló el Ministerio Público con la solicitud de asilo a Rumania. Por lo mismo y por el carácter reiterado de los delitos, el fiscal Morales sostuvo que la pena arriesga el ingeniero comercial va entre los 10 a los 15 años de cárcel.
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"Si hubiese querido volver hubiera aceptado extradición voluntaria desde Rumania", dijo durante la audiencia, el ex fiscal nacional y abogado querellante Sabas Chahuán.
Asimismo, la defensa indicó que Garay no se opondría a la medida cautelar, lo cual para los querellantes "forma parte de su engaño". El ingeniero comercial será trasladado al anexo Capitán Yábar.
