U. Finis Terrae lleva al Mineduc a la justicia por el cálculo de los aranceles de la gratuidad

Este año, 46 instituciones de educación superior, entre ellas 33 universidades, estarán adscritas a la gratuidad. Estas recibirán el financiamiento por estudiante directamente desde el Estado, a través de los aranceles regulados, que es el monto que el Ministerio de Educación (Mineduc) calcula que debería pagar por cada alumno a los planteles.

Ese cálculo considera los tipos de carrera impartidas y sus costos, y desde julio, también incluye como factor los años de acreditación en investigación que tienen los planteles. Es esa última condición la que mantiene en pie de guerra a la Universidad Finis Terrae y al ministerio, pues hizo que esta institución dejara de recibir $485 millones, ampliando la brecha financiera que ya tenía.

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Esto motivó a que el plantel presentara un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que en diciembre falló de forma dividida en su contra, por lo que ahora acudirán a la Corte Suprema para exigir que el ministerio les recalcule el arancel del año pasado para todas sus carreras.

El secretario general de la institución, Álvaro Ferrer, explica que su plantel "adscribió a fines de 2016 a la gratuidad de 2017, y a mitad de año cambiaron las condiciones", a través de un decreto que a su juicio "resulta ilegal y arbitrario, porque establece condiciones que no están en la ley y que inventa el ministerio. Esa no sólo fue nuestra opinión, sino que uno de los ministros de la Corte de Apelaciones (del voto de minoría) así lo reconoce".

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Ferrer plantea que el decreto "debe ser coherente con la ley, no puede ser que vaya más allá de la ley, fijando otras condiciones", y que la Ley de Presupuestos no considera en su glosa -donde están fijadas las condiciones de la gratuidad- la acreditación de la investigación como requisito.

El decreto del Mineduc, dice el directivo, cambió la forma en que se reajustaría el arancel regulado, desde el sistema de IPC por el de los años de acreditación en el área mencionada, apelando a criterios educativos de la OCDE, con lo que "todas las universidades que están acreditadas en investigación quedaron felices, porque disminuyeron su brecha, pero en nuestro caso esa brecha se aumentó".

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De esta manera, por ejemplo, en el programa de Odontología recibieron un millón de pesos menos por cada alumno. "En la práctica, nos hacen inviable seguir admitiendo alumnos en esa carrera", advierte Ferrer. "El tema es que estamos ante un acto ilegal y arbitrario", agrega.

A semanas de terminar el gobierno, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, realizó ayer un balance de la Ley de Inclusión, una de las que más polarizó al gobierno y la derecha durante su tramitación en 2014.

Según la autoridad, el 93,9% de los establecimientos particulares subvencionados pasó a sin fines de lucro o está haciendo el trámite para serlo, equivalentes a 5.341 colegios. Además, otros 160 planteles están conformando la entidad sin fines de lucro a la que le transferirán la calidad de sostenedor.

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Por el contrario, 186 recintos aún no hacen el trámite, con lo que corren el riesgo de perder la subvención. También se cuentan 175 establecimientos que renunciaron voluntariamente al aporte estatal, pues 108 de ellos se convertirán en particulares pagados y el resto cerrará sus puertas.

Y en materia de gratuidad escolar, la ministra informó que desde 2015 se contabilizan 958 planteles que se convirtieron en gratuitos, equivalentes al 42% de los recintos que tenían copago.

"Este resultado nos tiene muy contentos, porque mucha gente señaló que esto iba a ser un desastre y las cifras desmienten esas aprensiones. Lo más significativo es que el 2 de enero se terminó el lucro en la educación", afirmó Delpiano.