Dentro de las particularidades que tiene nuestro país, además de su “loca geografía”, su cordillera o la mesa que cojea en algunos de nuestros restaurantes, podemos mencionar una medida de cuenta reajustable, denominada unidad de fomento, más conocida cotidianamente como UF. Creada hace 45 años (1967) con el objetivo de proteger los créditos hipotecarios frente a las altas tasas y la variabilidad que mostraba la inflación en ese tiempo, fue evolucionando en su periodicidad de cálculo y utilización. Así, hace 21 años (1990) sus valores comenzaron a calcularse diariamente según la variación experimentada por el IPC, en los mismos términos que observamos hasta hoy. A través del tiempo su uso se extendió a diversos servicios financieros, préstamos e inversiones, previsión y seguros, servicios notariales y diversos tipos de contratos, pasando a formar parte integral de nuestra vida cotidiana, tanto desde la perspectiva de los consumidores como para las empresas y los servicios del Estado y, de ese modo, ha resultado natural la convivencia de dos “monedas” al momento de publicarse las tarifas de diferentes servicios.

Sin embargo, esta “particularidad” de nuestro país genera efectos en diversos ámbitos: a modo de ejemplo, uno de ellos se relaciona con las adaptaciones que deben realizar diversos softwares financieros de origen internacional cuando se quieren utilizar en Chile, debido a la ausencia en otros países de esta característica de “doble moneda”. Desde la perspectiva del consumidor final, las cotizaciones y tarifas en UF generan varios problemas:

1. Dificultad para comprender el valor real en pesos que está aceptando por el servicio, asociado al consiguiente esfuerzo de conocer el valor de la UF y luego aplicarlo a la tarifa para obtener el resultado. ¿Cuántos consumidores enfrentados a una tarifa en UF conocen el valor, al menos aproximado, de este indicador para ese día?

2. Complejidad en el cálculo del valor en pesos, en especial cuando se trata de tarifas inferiores a UF 1 y que se expresan hasta con tres y cuatro decimales. ¿Sabe usted a cuántos pesos equivale UF 0,038? ¡Trate de hacer el cálculo!

3. Reajustabilidad automática de la tarifa día a día y mes a mes, que no se compadece con aquella que obtiene el consumidor para sus ingresos.

4. Menor frecuencia de información del proveedor del servicio relacionada con tarifas, pues ello sólo ocurrirá si existe un aumento en el valor expresado en UF, pero no siendo necesario hacerlo como ocurriría con las tarifas en pesos al momento de reajustarse.

De lo anterior podemos concluir que la práctica de publicar tarifas en UF (válido para cualquier otro indicador diferente a pesos), no va en la dirección de obtener un “consumidor informado”.

Está claro que el sistema de fijar y publicar tarifas en UF tiene beneficios para el proveedor, puesto que éstas se reajustan diariamente. Sin embargo, a pesar de esta práctica generalizada de publicar tarifas en UF, existen proveedores de servicios que han optado por definir sus tarifas en pesos, simplificando el proceso de comprensión y evaluación del consumidor, probablemente con números más parecidos a, por ejemplo, $8.500 que a $8.457 (que es el resultado que se obtendría de un hipotético servicio con tarifa en UF llevado a su equivalente en pesos) y utilizando esta opción como un elemento diferenciador frente a su competencia, al destacar atributos como transparencia.

Desde la perspectiva del gobierno, se puede mencionar en la misma perspectiva que, a pesar de sus beneficios, la fijación de tarifas de sus servicios y/o multas en unidades diferentes al peso (UTM o UTA) también hace más complejos y caros los procesos de información y/o toma de decisiones en diversos ámbitos.

Todo lo anterior cobra relevancia cuando el país se acerca al desarrollo, lo que conlleva una masificación en todo tipo de servicios, pero donde se deben considerar las características de una población que, pese a la mayor cobertura educacional, tiene problemas de comprensión y pocos hábitos de lectura. Así, estandarización, simplificación y masificación son términos que están altamente correlacionados entre sí y con el objetivo de masificar servicios a todo nivel, por lo cual son claves si se desea alcanzar esto último.

Lo anterior probablemente no cambiará la velocidad con que Chile pueda llegar a ser un país desarrollado, pero sin duda contribuiría en forma importante a simplificar la entrega de información a los consumidores, a una mayor transparencia y, por tanto, a mejorar la calidad de sus decisiones.

En síntesis, no estando en discusión las bondades de mantener este sistema de reajustabilidad, independiente de observarse en la actualidad una mayor estabilidad y bajos niveles inflacionarios, parece muy deseable que los diversos oferentes de servicios profundizaran la tendencia de publicar sus tarifas en pesos, simplificando, mejorando y dando mayor transparencia a sus estructuras tarifarias y a todo el proceso de información, análisis y toma de decisión por parte del consumidor.

Es muy probable que aquellos oferentes que se anticipen al resto en esta tendencia, podrán obtener mayores cuotas de mercado y lealtad de sus clientes, los que valoran, cada día más, la simplicidad y transparencia en las ofertas comerciales. Y a usted, ¿cuál tarifa le gusta más? ¿UF 0,035 o $790? P

El autor es ingeniero civil de la Universidad Católica, magíster en evaluación de proyectos y socio de Gemines S.A.