Son conocidos los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) para acceder a financiamiento. Por esta razón, no recibir el pago de sus facturas a tiempo por parte de las grandes empresas profundiza sus problemas de liquidez y más frecuente de lo que quisiéramos puede culminar con el cierre de sus operaciones.

Un grupo transversal de senadores (Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar) ha presentado un proyecto de ley que busca hacerse cargo de esta problemática, imponiendo un plazo máximo de 30 días (negociables hasta 45 días) para el pago de las facturas a las pymes, y en caso de retraso se deberá pagar intereses moratorios correspondientes a la tasa máxima convencional. Reconociendo el mérito de este grupo de senadores por poner un tema clave para las pymes en la agenda pública, el remedio que plantean puede incluso ser peor que la enfermedad.

Los ingleses cuentan con una legislación similar desde 1988. Más de un millón de pymes, según un reportaje del diario The Guardian (septiembre 2013), se encontraban con problemas de morosidad y las facturas morosas a pymes se habían duplicado en los últimos cuatro años. Los mismos empresarios pequeños señalaban que en caso de cobrarles intereses moratorios a las grandes empresas, no volvían a hacer negocios con ellos o bien les terminan realizando descuentos en el precio de compra del pedido siguiente.

Un caso similar se repite en España, donde a dos años de vigencia de la ley de morosidad española una encuesta realizada por Intrum Justitia -líder europeo en servicios de gestión de crédito- estimó el plazo promedio de pago de las facturas en 99 días, superior a los 30 días que establece la ley. Además, 80% de las empresas no han notado ninguna diferencia en el plazo de pago, mientras que el 85% de las empresas no conoce la normativa. Y lo más dramático es que el 58% de las pymes que conoce la ley afirma que dicha normativa las ha afectado negativamente.

La evidencia empírica es concluyente en demostrar que la solución no es mayor regulación como plantea este grupo de senadores. Son el poder de negociación de las partes, la situación económica del país y/o sector, las características de los productos y/o servicios comercializados algunos de los factores que inciden en las diferencias en los plazos de pago.

Durante los últimos años en nuestro país se han impulsado medidas en esta dirección y surge una serie de preguntas que debemos responder si queremos abordar con efectividad un cambio de conducta de pago en las empresas. Por ejemplo: ¿qué resultados ha tenido el “código de pago oportuno” suscrito el 2015 por los grandes gremios empresariales y el Ministerio de Economía para generar un cambio de conducta de pago en sus asociados? ¿Cómo podemos mejorar las certificaciones a empresas que pagan a tiempo para ampliar su cobertura, como por ejemplo el sello propyme? ¿El Estado como gran comprador estará predicando con el ejemplo pagando en tiempo a sus proveedores pymes?

La experiencia internacional es concluyente en que la mayor regulación no es la solución y de seguir avanzando en esta dirección con el actual proyecto de ley, sus resultados sólo alimentarán la conocida frase del gremio “en boca de todos y en manos de nadie”.

*El autor es ingeniero comercial, MBA de la Universidad de Chicago y ex gerente corporativo de Corfo (@acevedoinfante).