En los descuentos del Gobierno de Michelle Bachelet y de manera sorpresiva, el Consejo Fiscal Asesor (CFA) corrigió las cifras oficiales de déficit fiscal estructural, dejando un escenario más estrecho al previsto por las autoridades entrantes. En el primer mes del año, el entonces director de Presupuestos, Sergio Granados, informó, al presentar el cierre del año 2017, que el déficit fiscal estructural era de -1,7% del PIB. Sin embargo, en su última acta el CFA reveló que el saldo negativo sería superior: -2,1% del PIB.
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Ello pese a que, según consigna el documento, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre propuso realizar un cambio en la forma en que se registran los ingresos estructurales del cobre provenientes de Codelco. Dicha fórmula quedó registrada en el acta como "Metodología alternativa de cálculo", acordando que el Gobierno debería informar ambos resultados. Así, con la metodología habitual quedaría en 2,1% del PIB y con la alternativa ideada por Eyzaguirre en 1,7%. Además, el CFA acordó que el dato oficial que debe ser informado para el balance estructural corresponda al que resulta con la metodología habitual. Ello podría complicar una eventual mejora en la clasificación de riesgo de Chile, debido a que la convergencia fiscal comprometida podría tardar más. De hecho, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ya indicó que revisará las cifras y aseguró que habrá que ajustarse el cinturón.
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Es una mala noticia que el déficit sea mayor a lo que se informó inicialmente, sin embargo, lo más preocupante es que se haya intentado cambiar la metodología -en este caso de manera conveniente- en un contexto, al menos, de poca transparencia. Es cierto que las metodologías son perfectibles, pero ello no puede hacerse entre cuatro paredes. La seriedad fiscal es un activo país, para lo cual la credibilidad es clave.