Esta semana, el Senado comenzó el análisis del proyecto -una moción parlamentaria- que introduce una serie de restricciones al negocio sanitario, entre ellas la forma en que se fijan las tarifas de consumo de agua potable. Ello, luego que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad de los presentes la iniciativa hace algunas semanas, lo que provocó una fuerte baja de las acciones del sector, así como previsiones de desplome del Ebitda de las empresas. El despacho del texto en la Cámara no puede menos que evaluarse como apresurado, pues se votó tanto en general como en particular, lo que evidenciaría que no hubo una tramitación rigurosa.
Los diputados que presentaron el proyecto intentan hipotecar un modelo que ha sido eficiente en el país, dado que es cuestión de ver la cobertura de agua potable y de tratamiento de aguas servidas en Chile. Dado ello, es positivo que el Gobierno haya sido claro en señalar que la iniciativa no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, así como el hecho de que algunos senadores estén poniendo en duda la constitucionalidad del proyecto. Esto debe ser entendido como un llamado de atención en cuanto a que ideas de tinte más populista pueden tener nefastos efectos para el país, especialmente cuando se está en medio de un contexto de bajo crecimiento de la economía.
