El Gobierno de Argentina aseguró hoy que la eliminación de aranceles de productos informáticos terminados que implementó hace un año provocó la caída de sus precios y un alza del 47% en las ventas, así como la mejora de la tecnología de esos equipos.

En abril de 2017 se eliminó el impuesto del 35% que se cobraba a los computadores, notebooks y tablets que ingresaban en el país, ya que el propio presidente, Mauricio Macri, consideró entonces que el gravamen provocaba que los argentinos pagaran "precios abusivos" por estos bienes.

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Según informó el Ministerio de Producción en un comunicado, a un año de la entrada en vigor de esta medida, los precios en dólares de estos productos cayeron 24% y también lo hicieron, en 16% de media, los procesadores.

En enero de 2018, las ventas del sector crecieron 47% frente al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 45.347 unidades.

Asimismo, ese mes la facturación subió un 72% respecto a 2017, según los datos oficiales.

La cartera destacó que los equipos adquiridos muestran "una mejora tecnológica", ya que "la participación de notebooks más potentes alcanzó el 59% de las ventas en enero", 14 puntos porcentuales más que en el año anterior.

"Con esta medida favorecimos la creación de un mercado de más y mejores computadoras beneficiando a los consumidores", afirmó en el comunicado el secretario de Comercio, Miguel Braun.

"La quita del arancel benefició de manera transversal a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico para las PyMEs y los emprendedores, que necesitan notebooks y computadoras para trabajar y son quienes generan el 70% del empleo en la Argentina", agregó.

Argentina aplicaba este arancel desde enero de 2013, cuando el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) decidió gravar productos tecnológicos con una resolución adoptada por el Mercosur para protegerse de los desequilibrios en el comercio internacional por el impacto de la crisis global.

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El anuncio realizado por el Gobierno de Macri el pasado año preocupó fuertemente a la industria tecnológica nacional, que estimó que no podría competir en precios, y a los sindicatos del sector, por la posible destrucción de puestos de trabajo.