"Nosotros ponemos el pecho a las balas". Esta frase formó parte de un comunicado publicado por la cuenta institucional de Carabineros en Twitter y firmado por su director. Ese 21 de mayo de 2016 ocurrió uno de los episodios que puso a prueba el liderazgo de Bruno Villalobos.

En la ocasión, luego de una jornada de manifestaciones en Valparaíso, el actuar de la institución fue duramente criticado: Eduardo Lara, guardia de seguridad, murió luego que encapuchados lanzaran bombas Molotov a su lugar de trabajo.

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Entonces el general respaldó enérgicamente a sus funcionarios a través de la red social.

El Huracán

No obstante, hasta hoy el general director de Carabineros no se ha referido sobre la "Operación Huracán", la última polémica de Carabineros. El 25 de enero pasado la Fiscalía comunicó que las pruebas presentadas por la institución contra ocho comuneros mapuche estaban manipuladas. "Cabe hacer presente que los archivos de supuesta mensajería no reúnen las características ni condiciones de elementos generados ni exportados desde los aplicativos de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger) ni tampoco del tipo SMS o cualquier tipo de mensajería instantánea común", señala parte del peritaje realizado a las evidencias. Específicamente, esta actuación abrió una investigación penal en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros. Pero los problemas de Carabineros habían comenzado hace varios meses atrás.

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Fraude institucional

El 6 de marzo de 2017, el propio Villalobos informó sobre un "importante fraude fiscal" al interior de la institución. El general director de Carabineros daba a conocer las irregularidades que, por ese entonces, se calculaban en los $8 mil millones, monto que hoy es superior a los $26 mil millones.

Frente a los hechos en la Cámara de Diputados se generó una comisión investigadora para determinar responsabilidades frente a la situación.

Tras varios meses de sesiones y debate finalmente los integrantes de la instancia legislativa llegaron a la determinación de que el general no tendría ningún tipo de responsabilidad política, ni ninguna sanción, por el desfalco conocido como "Pacogate".

No obstante, los parlamentarios determinaron para el general director, sólo un reproche o cuestionamiento y se reforzó la idea de deber respecto la reestructuración de la institución.

La máxima autoridad de Carabineros también ha sido vinculado a otras dos situaciones que lo han complicado: su presunta participación con la muerte de un estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, ocurrido en febrero de 1985. Donde incluso declaró en junio pasado ante el magistrado Mario Carroza.

También en abril se conoció que el general Villalobos era propietario de una parcela en Peñaflor, que tendría un avalúo comercial de muy distinto al avalúo fiscal. El uniformado se defendió ante acusaciones sobre intenciones de evadir impuestos y en junio regularizó el terreno en las oficinas de la Municipalidad de Peñaflor.

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Confianza que se agota

Villalobos habría comenzado a generar lazos con la Presidenta de República, Michelle Bachelet, en 2005, cuando fue nombrado jefe del Departamento de Seguridad Presidencial. En esa época, acompañó a la recién electa mandataria en varias ocasiones como parte de su escolta personal en eventos dentro del país, y en el extranjero.

Pese a la confianza que se le ha demostrado en varias oportunidades a la autoridad policial desde La Moneda, ayer el Gobierno solicitó la suspensión de sus vacaciones.

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