Un grupo de legisladores demócratas y republicanos han comenzado a discutir la aplicación de mejoras a la denominada ley Dodd-Frank, la mayor regulación de la historia a Wall Street y que mañana cumple cinco años desde que el presidente estadounidense, Barack Obama, la transformó en ley.

La legislación, que surgió a raíz de la crisis subprime, hizo cambios significativos a la estructura de la regulación financiera en Estados Unidos dotando de mayor responsabilidad regulatoria y poder a la Reserva Federal, a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, su sigla en inglés), la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (SEC); y la Comisión de Transacciones de Futuros de Commodities (CFTC).

Al mismo tiempo, se creó la Oficina de Protección Financiera al Consumidor para frenar el abuso sobre las viviendas en los mercados financieros, se estableció el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC) para proporcionar supervisión macroprudencial del sistema financiero de EEUU, y se revisó significativamente las reglas para el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

Crítica transversal

Pero a cinco años de su entrada en vigencia, la inquietud respecto a revisar la marcha de esta regulación no proviene sólo desde el Capitolio, sino también desde el mundo académico y los centros de estudios. Según Paul Kupiec, experto en regulación financiera del American Enterprise Institute (AIE), los estadounidenses están viendo los “cinco años de la recuperación económica más lenta desde la Gran Depresión y una sequía en la liquidez de nuestros mercados de capital, alguna vez vibrantes”.

El analista explicó a PULSO que actualmente EEUU ve a un gobierno que trata de generar crecimiento económico empujando hipotecas en hogares de alto riesgo, que los prestatarios no pueden realmente pagar, cuestión que fue lo que provocó la crisis. Adicionalmente, hay un sistema de regulación tan centrado en el actual “alto riesgo” de endeudamiento del sector corporativo, que está impidiendo que los principales inversionistas escuchen cualquier retorno de sus ahorros para la jubilación.

“¿Es esta la tierra prometida de la estabilidad financiera? ¿Quieren realmente los estadounidenses lo que Dodd-Frank ha entregado? No lo creo”, señaló Kupiec.

En tanto, J.W. Verret, analista de Mercatus Center Financial Markets Working Group, la Dodd-Frank fue una legislación altamente partidista y como resultado, se ha continuado el debate a raíz del proyecto de ley. Verret afirma que en un artículo 2.000 páginas de la legislación, con decenas de miles de páginas de reglamentos de aplicación, “cada uno debe admitir que es probable que haya algunos errores y corresponde al Congreso admitir los errores y corregirlos, de lo contrario la economía estadounidense sufrirá”.

Foco en los activos. Uno de los puntos que los legisladores actualmente discuten es el máximo de activos de las entidades sujetas a fiscalización. Bajo la ley Dodd-Frank cualquier entidad financiera que posea activos por sobre US$50 mil millones debe estar bajo supervisión y poseer requisitos de capital, lo que a juicio de Kupiec, de AIE, ha redundado en la casi nula “formación de nuevos bancos comunitarios, mientras que los bancos más grandes siguen creciendo y son cada vez más ricos”.

El presidente del Comité de Banca del Senado, Richard Shelby es uno de los impulsores de la reforma, que buscaría que el umbral de activos para fiscalización crezca hasta los US$500 mil millones, lo que podría liberar a compañías como SunTrust Banks, US Bancorp, PNC Financial Services Group y otros bancos de algunas supervisiones y requisitos de capital.

La propuesta además incluye una moción para que la Reserva Federal revele más información al Congreso sobre las decisiones de política monetaria, y el jefe de la Reserva Federal de Nueva York -que supervisa las empresas de Wall Street- tenga que ser confirmado por el Senado.

El senador Sherrod Brown, principal demócrata en el Comité de banca, ha tratado de contrarrestar la propuesta de Shelby con otra que aliviaría las cargas regulatorias para los pequeños bancos comunitarios. “Hay un grupo de republicanos y demócratas razonables hablando de un proyecto de una mejorada ley Dodd-Frank”, dijo Warner, quien agregó que está abierto a la eliminación de algunas regulaciones. Sobre el umbral de una mayor supervisión, señaló que “todos coincidimos en que US$50 mil millones es, probablemente, el número equivocado”, dijo, sin indicar cuál sería el nivel. “Creo que es menos sobre el volumen de activos y más sobre el tamaño del producto del negocio”, afirmó.