Wang Qishan: el responsable de poner freno a la corrupción

Cuando los siete hombres que gobernarán China por los próximos diez años se presentaron el mes pasado, seis de ellos vestían corbatas negras. Wang Qishan, vice primer ministro bien conocido por los inversionistas extranjeros como uno de los políticos chinos más capaz en materia económica, llegó con corbata azul.

Wang deberá separarse del resto de la élite política hasta cierto punto si busca tener éxito en la tarea más desafiante hasta el momento: combatir la corrupción

En vez de ponerlo a cargo de la economía, el Partido Comunista lo dejó a cargo de la comisión central de inspección de disciplina, el órgano del partido que investiga las sospechas de corrupción.

Casi todos en China están de acuerdo en que la corrupción es endémica. El liderazgo del Partido Comunista ha estado advirtiendo públicamente por muchos años que la corrupción es la única gran amenaza a su monopolio en el poder. Cuando Hu Jintao, saliente jefe del partido y presidente, presentó el informe de su trabajo en el congreso nacional del partido en noviembre, advirtió nuevamente que la corrupción podría ver al partido, o incluso a la nación, perecer.

Aún así, el liderazgo ha sido incapaz de frenarla. Una cuenta del problema y de las contramedidas del partido por parte de Lin Zhe, profesor de la escuela central del partido, la principal institución para la formación de equipos, subraya el alto número de casos, la cantidad de dinero y el alto grado de organización y sofisticación que ha alcanzado la corrupción.

Esto, a pesar de los esfuerzos incansables por supervisar mejor a los funcionarios y bloquear sus opciones de desvío de fondos y creación de redes. Durante los últimos cinco años, el código penal chino ha sido revisado y las reglas internas del partido se han actualizado para combatir los métodos de auto-enriquecimiento, como recibir salarios por roles que no involucran trabajo o tener miembros de la familia que acumulen riqueza usando privilegios oficiales.

Pero, aunque miles de funcionarios son hallados culpables de corrupción cada año, las constantes modificaciones a las reglas no han logrado evitar que decenas sigan cometiendo las mismas prácticas. La razón, por la cual incluso los funcionarios que no apoyan la idea de la separación al estilo occidental de poderes reconocen, es que el partido en sí está por sobre la ley.

“Tenemos buenas leyes, pero estas se aplican de manera selectiva”, plantea un funcionario jubilado que lidera la unidad anticorrupción en una oficina de fiscal regional. “Cuando tengamos un caso, siempre tenemos que consultar al partido para que decida si seguir adelante con una acusación o incluso una investigación”, afirma. “Si usted no recibe la respuesta, mejor dé un paso al costado”.

Otro problema es que los encargados anti corrupción se ven fácilmente comprometidos. Desde 2004, el partido ha estado combatiendo la corrupción en las unidades de inspección de disciplina en todos los niveles administrativos. Para asegurar que los funcionarios no sean indulgentes con la gente que consideran como propia, los equipos de la unidad deben trabajar fuera de sus provincias de origen. Pero el problema persiste.

Una razón para esto es que la supervisión es, en el mejor de los casos, irregular. China por largo tiempo ha exigido que los funcionarios de todos los niveles reporten su ingreso. Pero los eruditos chinos involucrados en entrenar a los equipos dicen que los funcionarios carecen incluso del concepto más básico de lo que constituye un ingreso ilegal, con una gran mayoría aumentando de manera irregular sus magros salarios oficiales con dineros en “sobres rojos” entregados en ocasiones como cortes de cintas en la inauguración de carreteras o fábricas.

Más aún, estos formularios que llenan todos los años declarando su salario normalmente sólo se archivan. “No son auditados ni publicados, pero esos son exactamente los pasos necesarios”, según Lin.

Por siete años consecutivos, Han Deyun, abogado de Chongqing y delegado del congreso nacional, ha propuesto un borrador en la sesión anual del parlamento que exige a los funcionarios declarar públicamente sus activos. Pero su campaña ha chocado con un muro de ladrillos, porque tales reglas pondrían en aprietos a los más altos líderes.

Los funcionarios de las ciudades a menudo son investigados por supuesta corrupción cuando los usuarios de los medios sociales los exponen por poseer relojes, autos o viviendas que valen mucho más de que su salario legal pudiera pagar. Cada vez que esto ocurre, la maquinaria de propaganda del partido afirma que tal mal comportamiento está siendo tratado “de acuerdo a la ley”.

© The Financial Times Ltd, 2011.